Algo de esto dice tener Hugo Moyano, quien se encuentra interesado en recuperar algunos logros en territorio bonaerense, antes de que se venzan los plazos para consolidar alianzas y armar listas.

En los últimos días el titular de la CGT reordenó su estrategia y realizó varios pedidos a sus discípulos gremiales.

Uno de ellos fue la aprobación del proyecto de ley de Paritarias municipales, presentado por el diputado moyanista Jorge Mancini. A la Cámara baja han sido acercadas varias iniciativas que abordan el tema. Algunas perdieron estado parlamentario, y otras todavía sobreviven a la indiferencia de la mayoría legislativa.

Este puede no ser un caso muy diferente; al menos presenta infinidad de trabas para ser tratado en este período legislativo. Uno de los óbices es la fecha. En un año electoral, los intendentes y el gobierno no quieren tener discusiones que pueden agitar viejas peleas entre empleados y empleadores.

“Este tipo de leyes no se logran desde la confrontación, sino desde el consenso”, asegura el ministro de trabajo, Oscar Cuartango, ante la consulta de La Tecla.

Conocedor del tema, el hombre ejemplifica la posición del Ejecutivo respecto de la necesidad de evitar roces internos.

“Yo veo muy positivo que uno de los sectores sindicales que representan a los trabajadores se haya reunido con la FAM para generar un ámbito de negociación donde se pueda explorar la búsqueda de un consenso”, asegura. Se refiere a la Federación de Trabajadores Municipales, encabezada por Oscar Ruggiero, que a comienzos de semana se reunió con los representantes de la Federación Argentina de Municipios para dialogar del tema.

En dicho encuentro, presidido por el titular de la FAM, e intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, y del que participaron sus pares Hugo Curto (Tres de Febrero), Mario Secco (Ensenada), Francisco Gutiérrez (Quilmes), Darío Díaz Pérez (Lanús) y Patricio Mussi (Berazategui), se acordó poner paños fríos a la discusión.

En la búsqueda de calma, el Gobernador, Daniel Scioli, acompañado por Cuartango y el ministro de Gobierno, Eduardo Camaño, atendió semanas atrás a los integrantes de la Federación. No hubo un sí ni un no, sólo amabilidad y contención. “La conclusión del encuentro fue la de generar un ámbito permanente de diálogo sobre temas sectoriales, como las propias paritarias y la relación con los intendentes bonaerenses”, se dijo oficialmente desde Gobernación.

La propuesta del moyanismo establece derogar la ley 11.757 del estatuto municipal y reemplazarla por un nuevo régimen laboral para el sector, donde se conforme una instancia de negociación salarial similar a la que se impuso para los trabajadores estatales y los docentes. La recuperación del porcentaje de antigüedad de tres puntos, por sobre el uno que observan hoy, es otro de los cambios, aunque no de una sola vez; sería progresivo.

Pero la letra del proyecto no es lo que molesta a los jefes comunales, sino el

concepto general de enmarcar en una ley reglas que, según ellos indican, no pueden ser iguales para todos.

“La Provincia tiene 135 municipios en total, con situaciones presupuestarias, capacidades financieras y cantidad de empleados y de habitantes distintas, por lo que no se puede unificar; entonces, las paritarias deberían respetar la diversidad de cada uno; no se puede homogeneizar en una provincia de tanta diversidad”, expresa el jefe comunal de Lanús, Darío Díaz Pérez.

Casi exacta respuesta es la que se escucha en boca de la mayoría de sus pares bonaerenses. Lo que prefieren decir en reserva es que una ley de ese tipo limitaría sus facultades, y los obligaría a contener la capacidad de acuerdos.

“No es que a priori se quiera joder al empleado, pero siempre es bueno tener la libertad para establecer las pautas, y acomodar las situaciones a los tiempos”, indican desde una jefatura del interior.

Muchos alcaldes, previendo los reclamos que la exigencia de paritarias iba a desatar entre sus empleados, acordaron aumentos para este año.

“Los intendentes no son tontos, dan un aumento antes de las elecciones para evitarse piquetes, porque saben que con eso pueden contener el malestar, y el año que viene se verá cómo sigue el tema”, dicen desde el ámbito gremial.

En ese sentido son dos las lógicas que se siguen entre las diferentes centrales sindicales. Por un lado, la mencionada de Ruggiero, que apuesta al diálogo con los jefes comunales y el gobierno, jugando a una suerte de brazo moderado del moyanismo. Y por el otro, el titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén García, un ex diputado que trabajó con garra, pero sin mucho éxito, en una iniciativa similar cuando estuvo en la Cámara baja. El Cholo, como denominan al gremialista, apuesta a la confrontación, avalado por el guiño del camionero.

Es quien encabezó varios piquetes contra intendencias y frente a la Casa de Gobierno y la Legislatura, para exigir que se apruebe la mencionada iniciativa.

Es, además, el encargado de las frases duras contra los jefes comunales, y compañía. “Actúan como empleados de los intendentes y se olvidan del mandato que les dio el pueblo”, aseguró en una de sus últimas incursiones. El sindicalista denunció que la iniciativa presentada por Mancini estaba siendo demorada adrede en la comisión de Asuntos Constitucionales, tras obtener el despacho favorable en la de Trabajo.

“Apuestan a desgastar y desgastar”, afirmó García, y anunció que si continuaban demorando el proyecto “vamos a comenzar a tomar intendencias”.

El palo no fue sólo a los jefes comunales, también se acusó al diputado provincial Gonzalo Atanasof, presidente de la comisión de Asuntos Municipales, de ser el promotor de las demoras. El joven legislador, enrolado en las filas del denarvaísmo, es el hijo del ex titular de la Federación de Trabajadores Municipales, y actual enemigo interno de ambas federaciones.

Ubicado el escenario, queda pendiente observar si el gobierno y la FAM logran su cometido de contener la propuesta hasta mejor fecha, o si el líder de la CGT, Hugo Moyano, utiliza este reclamo como herramienta para una nueva muestra de autoridad. El tiempo y las definiciones que se vayan dando en el justicialismo provincial serán los encargados de dar las respuestas.