Temas como la independencia municipal, su relación con el gobierno provincial o eventuales discriminaciones que pudieren sufrir, han llevado a posiciones no de enfrentamiento con el gobierno que orienta Lucía Corpacci, pero sí de separación de los roles que, en democracia, es lo que corresponde hacer.

El punto de inflexión fue el aumento otorgado a los empleados públicos. En forma inmediata, los jefes comunales se declararon en emergencia y proclamaron a los cuatro vientos que, para trasladar el dichoso incremento a los municipales del interior, se hacía imprescindible la ayuda del gobierno.

Estas declaraciones surgieron en paralelo con los desvaríos de crear nuevos concejos deliberantes en la totalidad de los municipios, lo que tuvo respuesta contundente de la gobernadora. Desairó cualquier mecanismo que signifique nuevas erogaciones para el Estado.

Recuerdos no gratos

Y hablando de erogaciones, la historia no es nada generosa con los jefes territoriales, ninguno de los cuales en casi treinta años de democracia ininterrumpida puede ser exhibido como ejemplo del deber ser.

En este contexto, dejamos de lado a intendentes como Yamil Fadel, José Guido Jalil, Eduardo Brizuela del Moral, Ricardo Guzmán o el mismo Raúl Jalil, los que en realidad funcionaron siempre con presupuestos de ciudad grande en la Capital provincial. Fueron y son, más que intendentes, gobernadores de rango menor.

Del resto hay demasiada cuestión para abordar y, lo repetimos, no precisamente en forma auspiciosa.

Desde aquel intendente Armando Borda, que resultó intervenido por el gobierno peronista 1983-1987, hasta el antofagasteño Carlos Fabián, conminado hoy a rendir cuentas de dineros públicos que debía administrar, ha pasado demasiada agua debajo de los puentes municipales.

Hubo, en aquel tiempo lejano, jefes comunales que en forma permanente eran asaltados mientras transportaban el dinero para pagar sueldos. Los más famosos fueron los de Belén y Paclín aunque, después, estas “casualidades” convirtieron en víctimas a quienes ejercían durante el reinado radical 1991-2011.

Ni hablar del manejo de las regalías mineras. El ex mandamás de Valle Viejo, Gustavo Jalile, afrontó severos cuestionamientos de distintos concejos deliberantes los que, invariablemente, le fueron mellando su imagen.

El belicho Daniel “Telchi” Ríos, por haber expresado públicamente que malversó el dinero de la renta minera, ya debería estar preso por aquello de “a confesión de parte, relevo de prueba”.

Hombre parco y de hablar poco el actual senador andalgalense, José Perea, no confesó delitos pero tiene que rendir cuentas por más de 20 causas.

La ex de Icaño, inmaculada representante de la UCR, se fue de la conducción porque, a través de los votos, la rechazó el propio pueblo. Frente al primer análisis de su gestión, surgieron verdaderas miserias republicanas relacionadas con créditos de la CAPRESCA o planes para desocupados cuyos montos no llegaban completos a los bolsillos de humildes pobladores.

“Lico” Santucho, uno de los “blindados” de la prensa mientras ejercía como intendente, se fue cobrando vacaciones supuestamente no tomadas y dejando números poco transparentes sobre el manejo de dinero nacional para obras.

El conductor de Los Altos, Rafael Olveira, no puede ni siquiera firmar los cheques de su propio municipio por inconvenientes judiciales nacidos de una relación nunca bien explicada con la sojera “Nueva Esperanza”.

Su par de Antofagasta, Carlos Fabián, contra las cuerdas por graves cargos de malversación, no atina defensa alguna en un caso -una obra hídrica- muy parecido al que debió pasar un ex intendente del norte de Belén.

La Municipalidad de San José (Santa María) fue escándalo público por más de dos años alrededor de la figura de Mónica Hernández la que, en capítulos diferentes, fue suspendida, puesta presa, restituida y finalmente batida en las urnas.

En Saujil (Pomán) hubo “mar de fondo” porque un tractor de su propiedad apareció haciendo trabajos particulares en una finca del sur tucumano y otro tractor, de Valle Viejo, fue denunciado como robado por Gustavo Jalile y, un buen día, lo encontraron en Córdoba.

En Tinogasta, son memorables las disputas entre el ex (Simón Quintar) y el actual Lord Mayor (Hugo “Grillo” Ávila). Cuando menos, se tratan de ladrones, y la pelea se extiende al imperio fiambalense donde el poder de mando de “Coco” Quintar, por el cambio de gobierno, parece tambalear.

La gestión de Polti, en Recreo, lamentablemente mostró fealdades por situaciones ajenas a la función pública y tuvo que sentarse delante de los jueces por acusaciones tan fuertes como para hacer caer a un funcionario.

Bañado de Ovanta, para variar de escenario, también fue tierra de resonantes escándalos. El intendente Elpidio Guaraz desobedeció directivas del Concejo Deliberante y, cual “patrón de estancia”, cerró el cuerpo y funcionó, en algún instante, con un solo edil que era, para que el circo fuera completo, su propia mujer.

Poder y territorio

Los antecedentes, resumidos en prieta síntesis, desdibujan la imagen de los intendentes. Hay excepciones, claro que sí, pero la sociedad “mete a todos en la misma bolsa” por tantos deslices y maniobras de quienes se reivindican como jefes de los distintos territorios del extendido mapa de Catamarca.

¿Realmente tienen poder los intendentes o sus triunfos se asientan en las circunstancias políticas?

No hay una sola respuesta para esto. Algunos dominan situaciones. Son los casos de Coco Quintar en Fiambalá, Francisco Gordillo en Pomán o el mismo Guaraz en Santa Rosa. Habría que verlos sin apoyo político, como les ha ocurrido a supuestos invencibles como Olga Santillán (Icaño), José Perea (Andalgalá), “Telchi” Ríos (Belén) y algún otro que mordió el polvo de la derrota en marzo de 2011.

También están los que se mantienen por otros factores. Por otras dependencias. Porque, en realidad, tienen por arriba a los verdaderos jefes territoriales. ¿Quién puede dudar que Ricardo Boggio, “Yayo” Agüero o, en otro momento, Víctor “Gato” Luna, pertenecen a esta categoría?

Así las cosas, asegurar que un intendente es el dueño de un territorio resulta poco menos que temerario. La cuestión se relativiza aun más, para cualquiera de ellos, conforme sea la relación con la Casa de Gobierno. Y primordialmente con la caja.

Por ello decimos y reafirmamos que algunos movimientos de rebeldía, apelando a los poderes prestados por la gente, pueden terminar muy mal para algunos que suponen, por ejemplo, que tienen mejor imagen que diputados, senadores o funcionarios del Poder Ejecutivo.

Lucía Corpacci ha lanzado la semana pasada, como no lo había hecho antes ningún gobernador, el desafío de dejar perfectamente clara la relación. Le convendría a todos “copar la parada” y funcionar como los gobernantes independientes que aparentan ser.