Administrar las comunas bonaerenses no es una tarea sencilla. Afrontar los aguinaldos con presupuestos siempre ajustados se torna cada vez más difícil para los intendentes que pretenden ser reelectos o terminar su gestión sin mayores inconvenientes. Y para evitar tener que endeudarse sistemáticamente reclaman, entre otras cosas, la sanción de una ley nacional que permita cobrarles un canon municipal a las empresas de servicios por el uso del espacio público, aéreo y subterráneo, que ocupan columnas, cables y cañerías.

“Les reclamamos a las empresas de teléfonos por el uso que hacen con sus cables y postes del espacio público, de la misma manera que se les cobra a las empresas de cable, las cuales están pagando este impuesto. Nos corresponde como municipio y lo vamos a hacer valer”, exige el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) de la provincia de Buenos Aires, Alberto Descalzo.

El pedido de los intendentes se basa en una ley aprobada por el Congreso en 2001 y que el entonces presidente, Fernando De la Rúa, vetó. Si se restituye esta norma, se permitiría a las comunas cobrar el 2 por ciento sobre la facturación anual en cada comuna. Una suma más que jugosa para las deprimidas arcas municipales.

“En Necochea, a los únicos que no se les cobra son las telefónicas. Si la cantidad de dinero fuera equivalente a lo que se cobra a las empresas de cable, en nuestro municipio sería de un millón de pesos anuales”, dice el vicepresidente de la FAM bonaerense e intendente de Necochea, Daniel Molina.

El cobro de los impuestos que pueden hacer los municipios constituye una parte importante de sus ingresos mensuales. Por tal motivo, los jefes comunales no quieren desperdiciar la posibilidad de cobrar a empresas que tienen niveles de facturación muy elevados.

“No queremos que unos paguen y otros no. Vamos a tratar de que todos los que usen el espacio público, paguen. Porque cuando hay que hacer una obra por tierra no podés romper los cables ni los caños que pasan por ahí, tenés que desviarte, y eso genera un costo adicional, que lo asume el municipio, y en realidad les corresponde a las empresas”, explica Descalzo.

Ante la posibilidad de que se aplique este tributo, surgieron las dudas acerca de un posible traslado de ese aumento a las tarifas de los usuarios, que finalmente pagarían los vecinos. “Espero que no les aumenten a los usuarios, porque es un tributo que deberían estar pagando”, expresa el intendente de Ituzaingó.

La medida, que significará un fuerte alivio coyuntural para las finanzas de muchos municipios, fue presentada a la Presidenta en representación de la mayoría de los intendentes bonaerenses, de distintos signos políticos. “Nosotros, como radicales, celebramos esta posibilidad de ser escuchados en el marco de la FAM, y por la Presidenta. La propuesta del gobierno provincial se ha hecho sin exclusión de ningún tipo, con un criterio de igualdad entre el Conurbano y el interior”, indica Daniel Molina.

La necesidad de recibir dinero fresco es más fuerte que los clásicos pedidos a la Provincia y a la Nación de obras públicas o subsidios a la producción. “Cobrar este impuesto traería un beneficio para los vecinos”, argumenta Descalzo.