En la ecuación matemática de sumas y restas, los intendentes dicen que pierden y que no podrán cerrar sus cuentas. La Provincia asegura que no es así, basándose en el crecimiento de la masa coparticipable por la que las comunas recibirán unos 1.400 millones más que en 2011. Y la Nación preserva un fondo del seis por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) para destinarlo exclusivamente a Educación y cumplir con una promesa K de respetar ese porcentaje a rajatabla, que le permite a la Presidenta, Cristina Fernández, alardear al respecto.

En la ecuación política, de la que se habló mucho esta semana, no se advierten ganadores. Por el contrario, la puja con epicentro en el oficialista Frente para la Victoria (algunos de sus intendentes son quienes más molestos se muestran) puede dejar cicatrices, además de mantener una importante tensión entre los diferentes Estados durante un año previsiblemente duro para todos.

“Cuando las cosas están bien, le piden a Nación y se pavonean en la Casa Rosada, pero cuando la caja no les cierra, vienen a verlo al Gobernador y putean al Gobierno nacional”, dijo a La Tecla un funcionario bonaerense. Es que la exposición mediática del problema, agitada por los jefes comunales, cayó como una patada al hígado en La Plata.

El núcleo del problema está en el artículo 73 del Presupuesto Nacional 2012, por el que se restablece que el 6% del PBI será destinado a la ley de Financiamiento Educativo.

En 2011 Nación tuvo Presupuesto prorrogado, y el dinero correspondiente al Fondo Educativo entró en la Coparticipación plena, de la cual los municipios perciben el 16,4%. Eso llevó a un incremento interanual de la Coparticipación de los municipios del 46% entre 2010 y 2011.

En la Ley de Leyes nacional de 2012, la ley enviada al Congreso no preveía el fondo, que fue agregado luego por los legisladores. El Presupuesto provincial se votó antes que el nacional, entonces, la previsión bonaerense quedó desfasada; por ende, los municipios hicieron sus previsiones económicas para 2012 y contaron un dinero de más, que no recibirían.

En la búsqueda de un chivo expiatorio, una parte importante de la política bonaerense (intendentes y legisladores provinciales) apunta los cañones a los diputados nacionales por la Provincia. “Debieron actuar con más responsabilidad para con el territorio al que pertenecen”, les achacan.

Errores y displicencias en varios estamentos también contribuyeron a complicar las cosas. Por ejemplo, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, mandó la circular al Banco Central para que retuviera el dinero de la ley de Financiamiento Educativo recién el 25 de enero. Por esa razón, los jefes comunales se percataron del recorte de -aproximadamente- 900 millones recién en febrero. Es que en la Coparticipación del segundo mes del año se les descontó lo correspondiente a ese ejercicio y lo de enero; entonces, estallaron.

Los del Conurbano salieron disparados a verlo a Scioli. Este trató de contenerlos y, mientras habló de buscar una solución en conjunto, les pidió mesura y creatividad para mejorar sus propias arcas. Las secciones Tercera y Primera pudieron exponer en conjunto sus ideas ante el mandamás provincial y varios ministros.

Acercaron varias posibilidades para recuperar algo de la plata con la que pensaban contar y no contarán (ver recuadros). Pero tanto en la Legislatura como en el gobierno de la Provincia son reticentes a crear nuevos impuestos o ejercer cualquier otra presión impositiva. “La presión tributaria de la Provincia es la más alta de todas las jurisdicciones, y es muy difícil aumentarla”, reconocieron en Hacienda.

“Estamos poniendo mucha inteligencia en ver cómo restringimos los gastos operativos para destinar más recursos a otras cosas, y los intendentes deben ver de qué manera le encuentran la vuelta sin perjudicar a los ciudadanos”, sostuvo una fuente provincial.

Tensión política

Los 900 millones (para algunos, un poco más) serán cedidos a la administración bonaerense, pero con la restricción de poder utilizarlos sólo en educación. “Lo más importante es que la Nación no se queda con esos recursos, sino que van a las provincias, que reciben el total y tienen la obligación de destinarlo a educación. Está así desde 2005, con sólo una interrupción en 2011, porque el Presupuesto fue prorrogado”, indicó a La Tecla la ministra de Economía, Silvina Batakis.

Las reuniones se suceden en la búsqueda de algún resquicio capaz de conformar a unos y otros. “Materialmente, para la Provincia es muy difícil poder compensar este fondo, pero estamos evaluando las propuestas para encontrar alguna salida”, reconoció la titular de Hacienda bonaerense.

Los intendentes “dicen que presupuestaron ese dinero, pero, justamente, los presupuestos están atados a variables”, se escucha en la Gobernación. Batakis, por su parte, agregó: “No fue tanto el impacto, porque en los dos primeros meses del año los recursos provinciales crecieron un 4 por ciento de lo que estaba estimado, por lo tanto, esa suba cubrió el 50 por ciento de lo que perdieron los municipios, según sus estimaciones. Prevemos que la economía va a seguir creciendo, entonces, el impacto va a ser menor”.

Se comienza a prender velas a la espera de una recaudación récord, capaz de compensar las previsiones sobre las cuales ya se prometieron aumentos y se fijaron tasas, quizá menores a las necesarias si se hubiesen jugado todas las cartas al descubierto.

Para algunos jefes comunales, “el ajuste de la Provincia lo hacen los municipios. La Provincia no hace el ajuste, se apodera de mil millones de pesos adicionales para sus recursos, cuando ese importe les pertenece a las comunas, porque la torta es la misma, lo que pasa es que les van a sacar a los municipios parte de esos recursos. La plata está, pero a los municipios se les van a transferir menos recursos”.

También hay caciques contemplativos con el Gobernador. “A la Provincia no le podemos achacar nada; la resolución vino de arriba, y la Provincia, contra eso, no puede hacer nada”, dijo a La Tecla un mandamás K del Conurbano. Para él “es muy difícil compensar a todos; las alternativas que aparecen distan mucho de llegar al monto total, pueden ser paliativos, pero no van a solucionar todo el problema”.

La trascendencia mediática del asunto molestó en Gobernación, pero más enojó la lectura del conflicto presuntamente sesgada por los intendentes que hablaron off the record. “Scioli nos recorta a nosotros porque Nación le recorta a él”, mandaron a decir. El mandatario bonaerense y sus hombres sintieron que los dejaban mal parados en la ya tirante relación con el Gobierno nacional.

Oficialmente

Todas las declaraciones públicas realizadas esta semana por funcionarios provinciales apuntaron a desinflar posibles cortocircuitos con Nación, justamente, por la posición en que los intendentes pusieron al Gobernador.

“Hay un giro normal de los fondos de Coparticipación”, de Nación hacia Provincia, se encargó de aclarar el propio Scioli. “No sólo eso, sino un nivel de inversión histórica en distintas áreas sociales”, agregó.

“Fueron creciendo en forma permanente los fondos de Coparticipación, y ese fondo inclusive de los 900 millones está incluido en la masa de los recursos coparticipables que nos destina el Gobierno nacional y que nosotros luego los volcamos en los municipios en infraestructura escolar”, remarcó.

El jefe de Gabinete de la Provincia, Alberto Pérez, amplió esos números. “Es mentira que la Coparticipación ha caído; a los municipios este año irán 1.400 millones más, es decir, un 17 por ciento más que lo enviado el año pasado”, expresó.

“Más allá de las previsiones, la recaudación provincial está aumentando; la plata que llega a los municipios está aumentando, la Nación está cumpliendo a rajatabla con lo que marca la ley de Coparticipación, y, además, hay una inversión directa en obras, en subsidios y en programas sociales que benefician directamente a los pobladores de la Provincia y cada uno de los municipios”, apuntó el ministro.

Detalladamente, Pérez señaló que “Nación aportará este año a la Provincia 6.000 millones en obra pública, 3.500 millones por la Asignación Universal por Hijo y otro tanto para el programa Argentina Trabaja; además de los programas sociales, el Fondo Sojero y los subsidios al transporte”.

Scioli quedó otra vez en el medio de las disposiciones nacionales y las urgencias de los intendentes.

Los alcaldes se apresuraron con sus presupuestos e iniciaron 2012 con la peor noticia: contar con menos recursos de los esperados.

La Casa Rosada, por ahora, mira de reojo, pero si el conflicto se extiende, las críticas, hoy subterráneas, saldrán a la superficie.

¿Alguien gana en este embrollo? ¿O hay que decir “alpiste para todos”? No sólo los recursos pesan en la política, aunque a veces sean lo más importante.