El intendente de El Trébol, en la mira de Bonadio por una causa ambiental

El intendente de El Trébol, en la mira de Bonadio por una causa ambiental

El juez citó a Fernando Almada a Comodoro Py para que brinde detalles sobre los fondos recibidos del programa Girsu que, en total, repartió $600 millones entre 2013 y 2015 a más de 190 municipios y comunas de todo el país. El jefe del Ejecutivo de la localidad del departamento San Martín brindó declaración y se desligó por completo de toda sospecha.

 

La megacausa ambiental que investiga el juez Claudio Bonadio puso el ojo en 193 municipios y comunas de todo el país. El programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) quedó en el ojo de la tormenta cuando Cambiemos asumió al gobierno. Luego de auditorías de rutina apuntadas al período 20132015, sonaron las alarmas y comenzaron las sospechas sobre el destino de unos $600 millones transferidos para obras destinadas a mejorar la calidad medioambiental.

Puntualmente, para el magistrado existen puntos oscuros en el manejo de los fondos, discrecionalidad en su reparto y falta de cumplimiento de requisitos por parte de intendentes. “Consideran que no habíamos presentado la rendición de cuentas cuando lo hicimos con la certificación que avala lo hecho hasta el momento”, explicó el intendente de El Trébol, Fernando Almada, en diálogo con El Litoral.

Los fondos Girsu

En 2013, la Municipalidad de El Trébol recibió $2.037.800 para desarrollar el plan Girsu, un proyecto que tiene por objetivo eliminar los basurales a cielo abierto mediante la construcción y equipamiento de una planta de reciclaje de residuos sólidos urbanos. Como consecuencia del programa, y tras realizar auditorías de rutina, al llegar Cambiemos a la Nación se originó una causa a través del Ministerio de Medio Ambiente que involucra, momentáneamente, a ex funcionarios Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, entre otros y derivó en diferentes municipios y comunas donde se detectaron irregularidades.

“Comenzamos a gestionar los fondos en 2010 y los recibimos tres años más tarde. Llevamos adelante el propósito con la dificultad inicial de que los recursos no alcanzaban. Tuvimos que avanzar de manera prolija para que la Provincia nos dé su aval y certificación. Decidimos comprar un lote de cuatro hectáreas, hacerle los estudios de impacto ambiental, hídricos y de suelo. Eso generó una demora de los tiempos de ejecución y rendición. Por esa razón estamos incluidos en esta causa”, se defendió el intendente.

De acuerdo a los números que detalló Almada, de los $2 millones originarios que recibió en su gestión se terminaron invirtiendo para el proyecto cerca de $5 millones para el sistema de disposición final y tratamiento de residuos que, asegura, está en pleno funcionamiento.

Sin embargo, desde la oposición plantearon las dudas. De acuerdo a lo que explicó Gustavo Rossi, concejal del Frente Progresista, los intendentes que cumplieron con los plazos de ejecución no fueron imputados. El edil objetó que la planta de residuos funciona en un predio ubicado a dos kilómetros de la ciudad y en un espacio que no cuenta con servicios de luz, agua ni gas. “Hoy marcha con un grupo electrógeno. En un mes se hizo lo que no se realizó en cinco años. Se trató de llevar a Buenos Aires la foto del intendente apretando el botón con la cinta transportadora funcionando”.

Rápidamente desde el Ejecutivo se defendieron y explicaron que debieron sortear la dificultad de no contar con un tendido eléctrico en el terreno que alimente la planta de tratamiento. “Es un lote rural. Venimos gestionamos ante la EPE y tenemos diferencias en la interpretación de la aplicación de la Ley de Electrificación Rural vigente en la provincia. Nosotros entendemos que al ser un organismo público ellos deberían hacer el tendido, mientras que ellos sostienen que somos nosotros los responsables de esa obra. Por eso la planta está funcionando con un generador”.

Almada explicó que en la indagatoria se presentó una extensa documentación que incluye la totalidad del proyecto e inversión. “El Juzgado no tenía la rendición de cuentas que en su debido momento habíamos presentado. Consideraban que no habíamos mostrado nada cuando lo hicimos con la certificación que avala lo hecho hasta ahora. Eso estaba realizado en 2017 y se encontraba dentro de un periodo de prórroga. Ese es uno de los motivos que nos adjudican”.

Sin embargo, en el FPCyS entienden que en la rendición de cuentas realizada el 17 de marzo de 2017 se incluyó la adquisición del terreno por un total de $962.000, cuando el proyecto original por el cual el municipio había recibido los fondos iniciales era únicamente para la construcción de la planta. “De esto surge que rindieron $2.555.000 cuatro años después de llegados los aportes. Entones cuando a eso se le detrae el terreno, porque no estaba contemplado originalmente, se desprende que la rendición es por $1.600.000, es decir $400.000 menos que la plata que llegó al principio. Posterior a eso comenzó un movimiento infernal en donde en un mes se trató de hacer todo lo que no se realizó en años”, fustigó el concejal.

Además, la línea opositora a Almada asegura que existió un grado de responsabilidad del Municipio por las demoras del proyecto. “Lo que recibieron en 2013 equivale a cerca de $10 millones en la actualidad”, apuntó Rossi, y continuó que, de existir algún tipo de irregularidad, el Concejo se transformaría en “cómplice” por tratarse de un órgano contralor del Ejecutivo. “Nosotros nos presentamos ante el fiscal para contar lo que había sucedido, pero no somos quienes denunciamos e iniciamos la causa. Ahora todo está en manos de la Justicia y veremos si Almada queda sobreseído o procesado”.

Para cerrar, el intendente adelantó que tras conocer el aporte de elementos realizados por un ex concejal junto a Rossi, evalúa los pasos judiciales a seguir. “Hay eventuales pruebas que son falsas. Algunas no tienen nada que ver con la causa y otras son incorrectas”, deslizó. Almada agregó que se trata de un “aprovechamiento político” con falta de ética más allá de las diferencias partidarias.

Hasta fin de año por el Juzgado seguirán desfilando intendentes y presidentes comunales. Luego, el juez evaluará cada caso antes de emitir algún dictamen. “Los procesos judiciales llevan su tiempo. Por eso tendremos que esperar. Nosotros tenemos las cosas claras, están sobre la mesa para que no haya malos entendidos”.

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