El pasado miércoles, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió dar el visto bueno al proceso realizado por el Concejo municipal de Santa Ana que, el pasado 10 de enero, resolvió destituir a la intendente Ana María Escalante. La medida será apelada, y en el caso de tener otro resultado adverso, la jefa comunal dijo que “la gente tendrá la posibilidad de expresar si tuvo un gobierno bueno o malo en un plebiscito”.

Un nuevo fallo de la Justicia vuelve a poner en riesgo la continuidad de Ana María Escalante al frente del Ejecutivo del pintoresco poblado. La Intendente de la Unión Cívica Radical (UCR) continuará administrando la Comuna, hasta que el fallo quede firme.

La medida del STJ será apelada en las próximas horas, si el máximo órgano de Justicia reitera lo decidido por el Concejo comunal, Escalante tendrá que someterse a un plebiscito.

“La gente decidió darnos la reelección en el 2009 por las cosas que hicimos. Si tenemos que someternos a un plebiscito estamos seguros de que contaremos nuevamente con el acompañamiento de los vecinos”, dijo a época la jefa comunal.

Escalante aseguró que aún no pudo dar con el expediente de la Justicia. “Mis abogados me informaron sobre la medida e inmediatamente concordamos en apelar la medida”, señaló la Intendente.

Cabe recordar que el legislativo de Santa Ana resolvió la destitución de Escalante por considerar que se hallaron pruebas de que malversó recursos del Fondo Sojero 2009.

En concreto, los concejales de la oposición denunciaron que las obras previstas en algunos puntos de la ciudad - construcción de viviendas -no se habrían concretado. Sobre este tema, la asesora legal del Concejo Deliberante de Santa Ana, María del Carmen Galarza de Calvano, sostuvo que el pueblo está en su derecho de “revocar el mandato” que otorgó oportunamente y a través de las urnas a la intendente Escalante.

De acuerdo a lo informado por Calvano, de ahora en más, Escalante tiene diez días hábiles para presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia, y si reúne los requisitos necesarios, se le concedería la posibilidad de interponer un recurso extraordinario. Según la asesora del Concejo municipal, el fallo “está muy bien hecho ya que analiza paso por paso todos los extremos legales que exige la Constitución para proceder ante juicios políticos”.

De no interponerse nulidad atribuible al juicio, queda expedita la convocatoria a una consulta popular “vinculante y obligatoria” en el plazo de 30 días, para que los vecinos voten por el “si” o por el “no” en cuanto a la continuidad de la jefa comunal. Para Calvano, sería ideal que dicho plebiscito coincida con alguna fecha establecida de elecciones debido al costo que demandaría al Municipio.