El escándalo político se conoció en septiembre de 2009 cuando el secretario tesorero de la municipalidad, Sebastián Avendaño, se presentó en la fiscalía de Héctor Aberasturi para dejar un escrito con la constancia del faltante de 11 cheques oficiales. El funcionario descubrió la anormalidad cuando recibió el extracto bancario y encontró un cheque devuelto, cuya numeración le llamó la atención.

Pocas horas después de la acusación en fiscalía, el intendente Hernández se presentó en la sede policial de Miguel Cané y denunció el faltante de los cheques. Para el jefe comunal los valores "sólo se habían extraviados", pero recurrió a dejar sentado esa pérdida seis meses después y cuando el tema tomó estado público.

Desde el Concejo Deliberante se exigieron respuestas y explicaciones. El intendente Hernández recurrió a un escrito para defenderse y respondió algunas preguntas, pero sus argumentos no terminaron de convencer a los ediles. Las explicaciones habían sido exigidas por el propio viceintendente, Rómulo Ramos, luego de la denuncia por el extravío de los valores. En esa sesión especial, el intendente aseguró que no había "perjuicio económico para la municipalidad", en relación al cheque rechazado. Además, detalló que la cuenta bancaria afectada era la destinada al Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (Propasa). Ni sus propios partidarios parecieron creer en sus palabras. Semanas después, el viceintendente presentó su renuncia. Ayer trascendió que Hernández se había preocupado por solucionar la parte civil y, de esta manera, evitar inconvenientes hacia la comuna. A pesar de ello, su posición judicial quedó endeble. Si resulta procesado, la situación política ingresará en un cono de incertidumbre sobre cómo seguir al frente de la comuna.