Es el municipio que gestionó Atta Gerala y que en la última elección quedó en manos de Marcela Carabajal, quien asumirá en diciembre. Primero se supo oficialmente de una repentina desaparición de documentos que la Auditoría General de la Provincia solicitó horas antes al municipio, seguida de un llamativo corte de luz, justo cuando se radicaba la denuncia por “sustracción de documentación pública y obstaculización de la labor de auditoría”. Ahora, un informe definitivo del ente auditor evidencia que durante el primer semestre de 2009, el intendente administró en efectivo la suma de $ 6.381.148.

El documento de la Auditoría llega antes de la asunción de las nuevas autoridades y resalta que la principal actividad económica privada es la extracción de madera, pero destaca que no se industrializa o agrega algún tipo de valor a esa explotación. Los funcionarios observaron: “No existe ningún emprendimiento económico que pueda tener un impacto relevante en la situación económica y social de la zona”.

Manejo discrecional y en efectivo de fondos públicos; falta de legajos en las contrataciones; inexistencia de facturas; falta de aportes a los empleados; obras finalizadas, pero incompletas; diferencias exorbitantes en compra de cemento y el misterioso pago y posterior desaparición de una lancha, un “sistema de internet” y una cámara de fotos digital. Estas son algunas de las irregularidades que detalla el informe definitivo de Auditoría del ejercicio 2008 y del primer semestre de 2009 sobre el municipio de Rivadavia Banda Norte, que comprende la localidad de Morillo, Los Blancos, Capitán Page, Pluma de Pato, entre comunidades aborígenes y parajes pequeños.

Unas polémicas planillas

Se desprende del informe que los contratados por el llamado “convenio Vialidad”, que involucró $470.197, eran anotados en una planilla. Ahí se consignaba la firma del empleado y el monto pagado. “Algunos contratados admiten que existirían diferencias entre el dinero consignado en las planillas y lo percibido”, dice el informe. Pero lo más sorprendente está por venir.

“De las constataciones de autenticidad de firmas, en el 80 % de los casos, los contratados que se consignan como beneficiarios de los pagos efectuados por el municipio desconocen las firmas insertas en las mencionadas planillas”, dice. “Las discrepancias existentes entre lo consignado por el municipio y las constataciones de pagos efectuados por este ente, no permiten conocer con certeza el destino otorgado a los fondos del mismo”, agrega. Del análisis de los fondos del Plan Nacional Mejor Vivir, se observó que todas las contrataciones auditadas “incumplen y vulneran todos y cada uno de los principios, procedimientos y previsiones establecidos por la ley de contrataciones de la Provincia”.