La suspensión es consecuencia de un recurso de impugnación que a principios de semana presentó el abogado defensor de Bravo, Gastón Gómez. En ese recurso, Gómez atacó la negativa del juez de instrucción Daniel Ralli a otorgarle el beneficio de la "probation". El martes, Gómez insistió con el pedido de que su defendido obtenga una "probation" impugnando la decisión de Ralli y planteando, en simultáneo, una supuesta inconstitucionalidad del artículo que impide conceder ese beneficio a los funcionarios públicos, como es el caso de Bravo.

Con este recurso, el caso subió a la esfera del Tribunal de Impugnación Penal (TIP), que ahora deberá decidir si respalda la resolución original de Ralli o le da curso al pedido del acusado. De ocurrir la primera situación, el caso volvería a Ralli para que le ponga una nueva fecha de inicio.

En el segundo supuesto, Bravo evitaría el juicio oral y público y a su vez, su caso sentaría un precedente importante ya que no hay situaciones previas de que un funcionario público haya evitado un juicio por un delito que cometió desde su cargo, accediendo a la figura de la "suspensión del juicio a prueba", conocida como"probation".

Enriquecimiento.

Otra causa que vio suspendidos momentáneamente sus tiempos procesales es la del presunto enriquecimiento ilícito del ex ministro de Bienestar Social, Santiago Alvarez. Fue a raíz de una impugnación que formuló el defensor Francisco Marull, en la que atacó la legitimidad del embargo que se le aplicó al ex ministro.

La causa estaba en manos de la fiscal Alejandra Ongaro, quien tenía hasta ayer para redactar la acusación y solicitar su elevación a juicio. Pero ante la impugnación, el TIP solicitó el expediente y recién hoy lo devolvería, con lo cual el plazo para requerir la elevación a juicio se extendió hasta mediados de la próxima semana.