Uno de los directores del ente de contralor, Luis Lobo Vergara, se refirió al proyecto de eliminar el organismo que impulsa el diputado Jorge Moreno (PJ) y sostuvo que “la iniciativa es política” y que “aquí hay gato encerrado”.
“La primera lectura que hago es que es una cuestión netamente política, una represalia por la negativa al hombre propuesto por el Ejecutivo como fiscal de Estado”, afirmó Lobo Vergara a lo que agregó: “supongamos que no es así, y que queremos abordar la mejora de los servicios públicos en la provincia, la propuesta es la peor que se podría plantear”.
En este sentido, el funcionario sostuvo que el proyecto que se impulsa en Diputados es “volver a la prestación de servicios de la década del `70, donde los derechos de los usuarios no existían y el funcionario que le toca prestar el servicio hace lo que quiere, como quiere, sin ningún tipo de control”. “A pesar del proceso de reestatización, es fundamental la existencia de órganos de contralor, con independencia, que le pueda decir al concedente cuando se equivoca y se garantice los derechos de los usuarios”, sostuvo Lobo Vergara agregando que el proyecto de Moreno “va a contrapelo de la historia, del avance de las instituciones”. “La existencia del ENRE en todas las provincias que lo han instaurado, de alguna manera viene a mejorar la calidad institucional de las organizaciones estatales, a partir de la reforma de la Constitución nacional del año 94, que crea la figura de los entes de contralor a los cuales muchas provincias se adhirieron. Suprimirlos sería bajar la calidad institucional”, reflexionó uno de los integrantes del Ente Regulador del Servicios Públicos. Agregó que “es un círculo vicioso que se plantea para que tengamos peores condiciones de la prestación de los servicios”.
En relación al otro argumento de los costos que genera el funcionamiento del ENRE, Lobo Vergara sostuvo que “resulta incoherente porque habiendo la Legislatura aprobado el presupuesto de la provincia, establecido en el orden de los 6.000 millones de pesos, votado incluso por el FPV, hoy plantean que 10 millones pesos, que en realidad es muchísimo menos, van a solucionar los problema de la provincia. Para mí aquí hay gato encerrado y claramente el objetivo es otra cosa, más bien político”.
“El análisis del proyecto de eliminación del ENRE es una cuestión política que hay que verlo en términos políticos, pero hablemos de los servicios públicos”, invitó irónicamente el funcionario del ente de contralor.

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