La mayoría de las organizaciones ambientalistas considera que los productores cañeros son responsables directos de los persistentes daños ambientales, debido a la quema de cultivos. Pero también se los identifica como eventuales actores en un problema de fondo: la contaminación. Esas observaciones surgen al plantearse una especie de vacío legal de la Ley provincial N° 7459. En medio de la creciente aparición de focos de incendios en campos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA-Famaillá) requiere una revisión de la actual norma al definirla de difícil aplicación en la provincia.

En particular, el organismo técnico propone un plan de quema en cañaverales vigilada. "Ante la imposibilidad de pequeños productores de adquirir tecnología adecuada para la cosecha y de controlar todos los focos de incendio, se plantea la quema controlada, fiscalizando que no se expanda a otros lotes y que, previamente, sea informado a los bomberos y policías de la zona", explica Cristina Biaggi, integrante del Area de Gestión Ambiental de la entidad.

El INTA también refuerza la idea de poner en práctica un plan de "producción limpia", que consiste en el aprovechamiento de la maloja como generador de energía y la concreción de actividades centradas a la "concientización y sensibilización" de la población, con campañas de salud (con el Siprosa), en escuelas. "Lo que sucede es que también se usa el fuego para deshacerse de cualquier desecho", comentó la ingeniera Agrónomo.

Por otro parte, el departamento de Gestión Ambiental del INTA informó que se registran también fuegos en otros tipos de cultivos, no sólo en caña de azúcar. Por ejemplo, se detectaron incendios en montes para la limpieza del terreno, en la zona de Graneros.

La llegada de agosto y septiembre alerta al sistema de vigilancia del Gobierno provincial, encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente, debido a que en ese período se caracteriza por la baja de caudales de ríos y la falta de precipitaciones -estación seca-, lo que genera exposición de la polución en torrentes y dispersión de organismos en el ambiente.

Ayer, los directivos de Transnoa (empresa transportista de energía eléctrica) y la compañía Pluspetrol (operadora de la estación termoeléctrica El Bracho) presentaron al Gobierno un informe detallando la ubicación de los incendios registrados en los últimos tiempos.

En la reunión, presidida por el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, el interventor del Ersept (ente provincial de control de los servicios de electricidad y agua y cloacas), Sergio Sánchez, exhortó como medida de sanción, trasladar los costos a los dueños de campos en caso de que el fuego provoque el corte de luz, que en ocasiones alcanzan los $ 200.000 y los $ 300.000, según informaron.