Con el argumento de que en los últimos diez años el Gobierno Nacional redujo los niveles de recursos que gira a las provincias en materia de Coparticipación Federal, lo que facilita la disposición de montos discrecionales, según alineamientos políticos coyunturales, el legislador del PRO, Alberto Colombres Garmendia, elevó un proyecto de resolución con el objeto de requerirle al Ejecutivo tucumano que arbitre los medios necesarios para exigir la efectivización de los montos según lo marcado normativamente.

Entre los datos a los que apeló el parlamentario para sostener esta solicitud, adujo que, de acuerdo a la Fundación Pensar, en 2001 se transfería en forma directa a las provincias el 33,1 por ciento de la recaudación nacional, mientras que durante el año pasado, ese porcentaje descendió al 24,5 por ciento. Se indica, en tal sentido, que esta pérdida de participación es producto del surgimiento de nuevos recursos no coparticipables (como ser retenciones, impuesto a débitos y créditos). "La abrupta caída de las transferencias directas a las que se hiciera referencia, lleva como correlato el aumento de las transferencias discrecionales de fondos practicada por el Estado Nacional. Esta realidad ha herido de muerte al sistema federal de gobierno previsto por nuestros padres fundadores, transformando a los gobernadores en funcionarios mendigantes de los recursos que a sus provincias legítimamente les pertenece", sostuvo Colombres Garmendia.

Por este motivo, el legislador macrista, expuso en su iniciativa que debe apoyarse expresamente al PE tucumano a iniciar, de resultar necesario, las acciones legales pertinentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para lograr el reconocimiento de los recursos coparticipables. "Para dimensionar lo que está sucediendo basta con mencionar que las transferencias discrecionales, en términos corrientes, pasaron de 6.444 millones en 2003 a 33.478 millones de pesos en 2010, lo que significa un aumento de 419 por ciento. Además, varían notablemente entre las distintas provincias y están muy correlacionadas con la afinidad política, lo cual significa una herramienta a disposición del gobierno nacional para alinear voluntades", aseveró el legislador.

A modo de ejemplo, se mencionó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por el PRO, partido refractario al kirchnerismo, recibe 163 pesos per cápita, mientras que la provincia de Santa Cruz recibe 5.890 pesos por persona. En tanto que, en el caso de nuestra provincia, se reciben 1.473 pesos per cápita, siendo la media nacional de 1.619 pesos.

La estrechez fiscal que vive el país desde hace algún tiempo ha llevado a la Nación a implementar, según el parlamentario, un sistema orientado a federalizar el creciente déficit fiscal que afecta al país.

"En otras palabras, el Gobierno Nacional es unitario a la hora de recaudar y federal a la hora de pagar el déficit. El resultado de esto, es una mayor dependencia con el Estado Nacional", precisó.

El referente macrista considera necesario avanzar en el dictado de una nueva ley convenio de coparticipación federal, a la que calificó de ser más simple, transparente y más flexible a los cambios en la economía y a las necesidades de las provincias. "En efecto, la dependencia económica de las provincias con el Gobierno Nacional impide que los diputados y senadores puedan mantener su independencia de criterio, ya que en caso de hacerlo, la provincia a la cual representan, pagará las consecuencias", advirtió Colombres Garmendia.

Perverso modelo fiscal

Un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que la respuesta de varias jurisdicciones ante la baja en el envío de fondos coparticipables desde la Nación ha sido y está siendo la suba de alícuotas impositivas, principalmente del Impuesto a los Ingresos Brutos, "que es uno de los peores tributos de la estructura tributaria argentina".

Como se recordará, el alperovismo aprobó meses atrás el aumento en las alícuotas de este impuesto, que según la oposición fue del orden del 40 por ciento. De este modo, el 27 por ciento del total de los recursos presupuestarios o ingresos tributarios de Tucumán provienen de una recaudación propia, lo restante son montos girados por la Administración Central.

En otro de los debates referidos a la distribución hacia las jurisdicciones provinciales de dineros públicos, IARAF señaló la necesidad de mantener o no uno de los componentes del financiamiento tributario de la seguridad social, esto es, el 15 por ciento de la precoparticipación. Se recalca que su eliminación es una alternativa planteada por algunas provincias para lograr obtener un mayor caudal de fondos de manera automática.

Es dable recordar que en 1992, se firmó el Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales que permitía al Estado Nacional la retención de ese porcentaje de la masa coparticipable bruta para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos.

Sin embargo, recalca el informe aludido que "el traspaso de los aportes de los afiliados a la AFJP a la Nación, o re-estatización de la seguridad social a finales del año 2008, implica que la principal justificación original de estas resignaciones de recursos fiscales que realizan el Tesoro nacional y las provincias se haya erosionado: su objeto principal era cubrir los déficits de financiamiento del sistema de seguridad social, agravados desde 1994 con la cesión de los aportes hacia las administradoras de fondos privadas".

En el caso de Tucumán, desde 2003 hasta 2012, aportó en esta materia cerca de 4.785 millones de pesos.

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