En declaraciones a 0223.com.ar, Horacio Novas, comerciante de la zona de la vieja terminal de ómnibus, aseguró que desde el traslado de la estación, quedaron “totalmente desamparados”. “La mayoría estamos desde hace muchísimos años y somos propietarios, por lo que quedamos atados al destino de lo que vaya a hacerse en ese lugar”, explicó.

En ese orden, dijo que “desde hace un año y siete meses, cuando se fue la terminal, quedamos totalmente abandonados”. De acuerdo a sus cálculos, desde diciembre de 2009, de los casi 300 locales comerciales que funcionaban en los alrededores del predio de Alberti y Sarmiento, “se cerraron más de 60”, lo que generó la pérdida de “más de 300 puestos de trabajo”.

“Hay hoteles de cinco o seis pisos que funcionaban durante todo el año y ahora directamente no tienen personal. Los demás no tienen ventas porque no hay gente”, contó.

En consecuencia, Novas reflejó que el pedido de los comerciantes es que se llame a una licitación pública para definir el destino del edificio histórico, aunque aclaró que buscan que se garantice que sea “un espacio cultural de uso público”. “Ya en el año 2004, cuando se empezó a hablar del traslado, pedíamos que esa manzana pueda ser utilizada por todos, que sea pública”, recordó.

“Desde un primer momento se tuvo que haber hecho un llamado a licitación pero se manejaron de otra forma y ahora está todo paralizado. Mientras, nosotros quedamos en el medio, esperando”, manifestó por último.

Cabe recordar que el Juez en lo Contencioso Administrativo Simón Isacch suspendió el decreto Nº 1622/2010 begin_of_the_skype_highlighting 1622/2010 end_of_the_skype_highlighting rubricado por el intendente Pulti por el cual se consideró admisibles como iniciativas privadas las presentaciones efectuadas por Emprendimientos Terminal S.A. y por Roig Grupo Corporativo S.A y declaró, además, de interés público la presentación efectuada por “Emprendimientos Terminal SA” asignándole el carácter de iniciador.

"Es inevitable señalar que el desafío que impone la iniciativa privada radica en la limitación a la competitividad que se puede derivar del proceso de selección del concesionario de la inversión, por la distorsión que implican las medidas de discriminación inversa (otorgamiento de puntajes adicionales, preferencias frente a otros interesados, etc.) que el sistema genera. El riesgo que puede derivarse del sistema de iniciativas privadas en proyectos de inversión pública –que mediante la presente medida se intenta evitar- es que se torne en una vía orientada a facilitar el logro de beneficios privados, sin correlato beneficioso -en grado proporcional- para la sociedad civil”, afirmó el Magistrado en el fallo.

A renglón seguido, manifestó: “Tratándose la iniciativa privada de un medio vinculado a la contratación pública, existe la necesidad de garantizar plenamente la transparencia como medio para lograr la objetividad de la actividad administrativa y el respeto a los principios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia”.

Además, el Juez subrayó: “A través del procedimiento de contratación pública -el Decreto 1622/10 en cuanto declara iniciador privado se inscribe en ese marco, al menos como origen de la misma- debe perseguirse que la Administración contrate al aspirante más solvente y que presente las mejores condiciones de oferta, se trata de conseguir la igualdad de oportunidades de todos quienes que aspiran a contratar con la Administración. No sólo se trata de proteger los intereses económicos que la Administración tiene a su cargo sino que también debe existir ‘cuidado por garantizar un trato igual, sin discriminaciones, de la Administración a los administrados’. Este principio se traduce en la circunstancia de que ha de permitirse a todos quienes tengan interés en poder participar, a poder hacerlo desde su respectiva posición”.