VIEDMA (AV).- El Tribunal de Cuentas de la provincia de Río Negro dejó sentado sus reclamos en torno de la ex empresa Servicios Aéreos Patagónicos Sociedad del Estado (Sapse) que desde hace tiempo se encuentra en vías de liquidación.

La última resolución del organismo plantea múltiples observaciones en torno de su inactividad en ese sentido, advirtiendo que teniendo en cuenta las sucesivas prórrogas para cumplir con ese requisito -13 años- "la liquidadora debe presentar un plan de trabajo detallado para concluir con el trámite".

Una auditoría practicada sobre los expedientes de la empresa indican que no se han dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 234 de la ley de Sociedades en lo relativo a la consideración de los estados contables por parte de la asamblea (de accionistas) dentro de los cuatro meses de cierre del ejercicio.

El libro de actas de la comisión fiscalizadora continúa sin rubricar, en el libro diario no existe coincidencia en los totales registrados en el debe y haber; en tanto que la empresa no ha presentado la documentación necesaria que permita evaluar su participación en Sapsa (a la que se le derivaron las rutas sin cumplirse el servicio provincial).

El tribunal indica que se ha verificado el incumplimiento en la presentación ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la documentación contable y asamblearia relativa al aumento de capital a 9,8 millones de pesos.

Vía Bariloche

Al analizar un acta del directorio, el órgano contralor dejó constancia en sus comunicaciones formales que "se tomó la decisión de firmar un acuerdo marco con Sapsa y Vía Bariloche a fin de transferir los bienes residuales, encontrándose (ese documento) sin perfeccionar" al momento de la auditoría.

Agrega al respecto que "si esta dilación impide el proceso de liquidación, se hace conveniente que su continuidad o no" sea objeto de decisión por parte de quienes las autoridades que heredaron el gobierno en la actualidad.

Por otra parte, se recomendó que la empresa acelere instancias tendientes a la cancelación de deudas con la Fuerza Aérea Argentina, y que impide la continuidad del proceso de liquidación. A juzgar por los cálculos del tribunal, las prórrogas en la liquidación le ocasionaron al Estado 4,2 millones de pesos en gastos por amortizaciones, honorarios, materiales y servicios.