La resolución del Concejo Deliberante recomienda al Poder Ejecutivo a comunicarse con autoridades nacionales a fin de conseguir más gas para la ciudad.
La disposición del Legislativo local, aprobada en la última sesión, se refiere a vincular a la comuna con la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Energía, por medio de un plan nacional que busca evitar las subas arbitrarias de gas, al tiempo que se aumenta el stock para la venta al consumidor final.
Este programa nacional que es articulado por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, dependiente de la Secretaría de Comercio, contempla la creación de una línea telefónica gratuita que ya está en funcionamiento.
Este teléfono es para que los intendentes comuniquen a la autoridad de control la carencia de gas, para que desde la Administración central cumpla con la demanda de los diversos distritos del país.
En tanto, la Subsecretaría del Consumidor de la Nación recibirá el informe y enviará la cantidad necesaria de garrafas para que no se produzca el faltante.
Será el mismo organismo nacional quien se encargue de enviar a los municipios las partidas, disponiendo el flete para ello, y se "puentea" la intervención de las distribuidoras privadas.
CONTROL
La iniciativa local también contempla la posibilidad que la comuna, por medio de los organismos de control, realice inspecciones en los locales comerciales mayoristas de Gas Licuado de Petróleo para prevenir remarcaciones arbitrarias.
"La Municipalidad no puede por sí establecer precios, y tampoco proveer de gas. Pero la Constitución Nacional y la Provincial, establece responsabilidad concurrente en todo lo relacionado con el Derecho de los Consumidores", explicó Gabriel Romero (ECO).
Es por ello que aconseja a la Intendencia a intervenir en las distribuidoras donde se violaría la normativa nacional que fija el precio de 16 pesos para la garrafa de 10 kilos.
El legislador indicó que "es escaso el stock, y en ocasiones cuando los vecinos van a comprar a la distribuidora no hay gas, y tampoco en los kioscos de barrio".
"La única forma de asegurar la provisión es llamando a un delibery, que aplican precios exorbitantes por el traslado de la garrafa. Esto encarece el precio y perjudica a los vecinos", indicó el abogado.
El concejal explicó que la pretensión es "que las autoridades locales resguarden los intereses de los vecinos".
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