“Es exactamente el mismo problema, si se iban a comprar a 800 km (a la sede central de La Salada en Buenos Aires), si se instala a una hora y media de viaje, sin duda que lo van a seguir haciendo” indicó Carmosino.

El titular del ente que nuclea a los comerciantes de la capital explicó que la principal oposición a la llegada del mercado, cuya anunciada instalación en Córdoba y Mendoza generó polémicas, se basa en el riesgo a que comiencen a suprimirse puestos de trabajo.

“No se debe permitir el asentamiento de esas estructuras comerciales con ese formato, porque son atentatorias con la actividad comercial y ponen en riesgo cientos, miles de puestos de trabajo”, agregó el propietario de una casa de ropa deportiva del centro puntano.

Además, enumeró las legislaciones que son violadas por el popular mercado: “Incumplimiento tributario, trabajo infantil, falsificación de marcas y toda otra legislación que se observa. El trabajo tiene que ser digno y esa gente no es tratada dignamente en sus puestos de trabajo”.