Los miembros del Tribunal, que encabeza Carlos Jiménez Montilla, estuvieron en el establecimiento ubicado entre las avenidas Salta, Sarmiento y las calles Santa Fe y Junín, donde actualmente hay placas que recuerdan la función que se le asignó al lugar durante la dictadura, y allí realizaron una inspección ocular, como lo autoriza el Código Procesal Penal de la Nación.

La recorrida sirvió para que seis testigos, Carlos Gallardo, Raúl Elías, Luis Ortiz, Carlos Soldati, Gustavo Holmquist y Oscar Conte, precisaran a los magistrados y al fiscal federal Alfredo Terraf dónde tenían lugar las detenciones y cuáles eran los cuartos empleados para interrogar o torturar a los detenidos.

La inspección fue concretada en el marco del segundo juicio oral por violaciones a los derechos humanos que se desarrolla en Tucumán, en el que están imputados los ex represores Luciano Benjamín Menéndez (ex titular del III Cuerpo de Ejército, del que dependía la V Brigada de Infantería, con asiento en Tucumán), los hermanos Luis y Carlos de Cándido, y Roberto "El Tuerto" Albornoz, quien se desempeñaba en la Policía de Tucumán.

Por otra parte, Mariano García Zavalía, secretario del tribunal, confirmó que esperan que los responsables de un supermercado "remitan durante las próximas horas la información que se les ha solicitado", para decidir si Albornoz ha violado el régimen de detención domiciliaria al que está sometido mientras se desarrolla el juicio.

El Tribunal solicitó al negocio con sede en la Capital que informe "si hay compras registradas mediante tarjeta de crédito o de débito, a nombre de Albornoz", porque, según un testigo, que solicitó reserva de identidad, el imputado se paseaba por el establecimiento el 29 de mayo, pese a estar sujeto a prisión preventiva bajo la modalidad de la detención domiciliaria por razones de edad.

Los magistrados también solicitaron un informe a la Policía Federal, para que esta fuerza explique en qué horario hay una consigna apostada en la casa de Albornoz, ubicada en Banda del Río Salí.

En el juicio, que se encuentra en la fase de la declaración de los testigos ofrecidos por las partes, se trata de esclarecer la suerte corrida por 22 personas que pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en el predio de la ex Jefatura de Policía.