El 18 de diciembre debía realizarse la “consulta popular vinculante” para la destitución de la intendente Ana María Escalante (UCR). El comicio costaría $41.000 pero la comuna sólo tiene $1.800. El Concejo buscará fondos y pondrán una nueva fecha para marzo de 2012.
Luego de dos años de peleas políticas y judiciales, los habitantes de esta pequeña comuna iban a definir si echaban o ratificaban a su jefa comunal; que fue denunciada y enjuiciada por el Concejo Deliberante porque no rindió los gastos de los fondos públicos.
El STJ había indicado que el Ejecutivo municipal debería cargar con los costos del comicio, que fue calculado por la Junta Electoral de la Provincia de Corrientes en $39.000,10 el gasto operativo de la elección. El Concejo Deliberante fijó en $2.400 la erogación para los 16 presidentes de mesas, quienes cobrarían $150 cada uno. En total “la consulta popular vinculante y obligatoria” iba a costarle a la comuna $41.400,10.
Ayer el presidente de la Junta Electoral Permanente, el juez Gustavo Sánchez Mariño, aseguró que “la intendente nos comunicó que el municipio no tiene los $41 mil para llevar adelante el plebiscito”.
El magistrado electoral comentó además que ya “vencieron los plazos” y que la comuna es insolvente para financiar el plebiscito de la jefe comunal radical Ana María Escalante; y que por eso no se realizará la elección del próximo domingo 18 de diciembre.
La asesora legal del Concejo, María del Carmen Galarza de Calvano, detalló que “hasta el miércoles (último) la comuna sólo tenía acreditados $1.800 en su cuenta bancaria”. Y que el Concejo ahora analiza poner una nueva fecha para realizar la “consulta popular vinculante y obligatoria” para marzo de 2012.
La letrada dijo que ahora deberán reformular el Presupuesto 2012, deberán gestar un ítem para financiar esta elección. “La ordenanza que estableció fecha del 18 de septiembre ya quedó sin efecto, y luego del 1 de marzo habrá que establecer una nueva fecha y los mecanismos para prever los fondos y cumplir con esta orden judicial que es de mandato constitucional y cumplimiento obligatorio”, dijo ayer Galarza de Calvano.
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