Una de las denuncias más llamativas de la auditoría que investigó las irregularidades en Salto Grande es la referida a la dudosa metodología empleada para relevar los terrenos supuestamente afectados por las aguas y cuyos dueños reclamaron indemnizaciones.

La auditoría advierte que, según las actas, "en un mismo día se han inspeccionado lotes de una extensión considerable, se han constatado la totalidad de los daños y se ha procedido a suscribir acuerdos de daños con el supuesto damnificado".

Según el auditor, es imposible relevar terrenos de gran magnitud en un solo día. Mucho más, completar todo el proceso de una indemnización por montos millonarios. "La experiencia profesional indica que arribar a acuerdos, incluso por montos menores, lleva al menos varias reuniones entre las partes, propuestas, concesiones, la utilización de un mediador matriculado para acercar a las partes, concluyendo muchas veces en falta de acuerdo y traslado del reclamo a esfera judicial."

Y ésta no es la única denuncia sobre la falta de rigurosidad al momento de fijar las indemnizaciones. El vicepresidente de la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Enrique Stola, declaró ante la Justicia que distintos funcionarios le habían contado que era común que los inspectores del Tribunal Nacional de Tasación, que debían certificar que los reclamos de los ribereños fueran justificados, "ni siquiera se bajaban de la camioneta" que la Comisión Mixta ponía a su disposición para que recorrieran los terrenos.

El Tribunal de Tasación tiene un papel clave en el procedimiento para determinar el monto de las indemnizaciones que deberá abonar el Estado. Primero, el ribereño debe denunciar el perjuicio sufrido ante la delegación argentina, los funcionarios visitan la zona y se firma un acta con los presuntos daños; después, Salto Grande le da intervención al Tribunal de Tasación y le hace llegar los viáticos para que envíe especialistas a revisar la zona; por último, se notifica al ribereño de lo resuelto por el Tribunal para que, si lo cree necesario, pida una revisión de la tasación. Las partidas para los pagos son de la Secretaría de Energía.

El pago de las indemnizaciones siempre generó problemas. De acuerdo con los testimonios de la causa, los daños comenzaron con la construcción de la represa y sólo en 1989 se tomó la decisión de resarcirlos. En 2002, el conflicto fue tal que los ribereños tomaron Salto Grande.