Este desmanejo, obviamente es aprovechado por delincuentes, que en lo que va del año ya robaron casi 800 mil pesos de esos recursos, porque encima no se implementan las medidas de seguridad para este tipo de administración arcaica.

Salvo los municipios de Capital, Chilecito y Arauco, el resto de los departamentos continúa pagando los sueldos por la Tesorería de cada comuna, previo traslado del dinero desde la ciudad de La Rioja. El riesgo de manejar recursos del erario público parece no haber provocado cambios en las determinaciones de los intendentes que no acataron las recomendaciones otorgadas desde el Ministerio de Hacienda de la Provincia.

El diario local El Independiente pudo conocer que luego de cometerse el extraño robo del dinero destinado al pago de sueldos de Patquía, la cartera de Hacienda envió una notificación a todas las intendencias, donde se pone a disposición para firmar convenio con cualquier entidad bancaria del medio para evitar el traslado del efectivo y el pago por Tesorería. Es más, existe la posibilidad que a través del Banco de La Rioja no se pague comisión por la transferencia de los fondos.

Sin embargo, desde esa época ninguno de los responsables de las municipalidades respondió al ofrecimiento y optaron por continuar con la metodología. En el ínterin, se produjo una sucesión de robos, que se inició con Patquía y que derivó en que el Estado provincial ya perdió unos 800 mil pesos. La investigación policial de estos casos demostró un desinterés por proteger las arcas del Estado. Los investigadores, no entienden por qué las autoridades municipales del departamento Independencia no solicitaron protección o vigilancia policial para evitar situaciones como las que sucedieron.

Es más, pensaron que la tranquilidad que tienen los pueblos o localidades de la Provincia les jugó un mal pasar pero el robo de 214 mil pesos a la Policía generó más irritación. El dinero, estaba dentro de un móvil que quedó sin custodia mientras los policías, encargados de esa tarea, estaban de compras en un hipermercado. Los dos policías y el jefe de la comisión fueron apartados de la fuerza.

El robo frustrado a José Luis González fue otro episodio increíble de entender por parte de los investigadores. El funcionario, trasladaba, sin custodia, 500 mil pesos destinados para el pago de sueldos. Tres sujetos, con antecedentes policiales y judiciales, es decir, con experiencia en hecho delictivos, trataron de apoderarse de ese botín. Esta vez, la suerte estuvo del lado de la Policía.

El robo, en la municipalidad del departamento Castro Barros, fue la gota que rebasó el vaso. El episodio, ocurrió al lado de la comisaría de la localidad de Aminga. Ladrones, se llevaron más de 300 mil pesos y no fue impedimento para ellos estar cerca de una dependencia policial. En este caso, tampoco hubo un requerimiento para custodiar el dinero que quedó pendiente para el pago de salarios.

Fuentes gubernamentales no ocultaron su preocupación ante tamaña irresponsabilidad de los jefes comunales que ponen en riesgo permanente no sólo los recursos económicos sino la vida de algún funcionario o efectivo policial que ocasionalmente realice el traslado o manejo del dinero.

Trascendió también que esta actitud reacia a cambiar de sistema, se debe a que los intendentes no quieren perder la posibilidad de manejar efectivo y además, les sirve políticamente que los empleados municipales tengan que pasar por la Tesorería mes a mes y evitar que cobren por el cajero automático.

A esto se suma que la Policía también intentó que los intendentes tomen los recaudos mínimos para la protección de caudales. Así puso a disposición efectivos que presten servicios adicionales tanto para el traslado como la custodia del lugar donde queda depositado el dinero. El intendente de Castro Barros, Marcelo del Moral, fue uno de los notificados por el jefe de la Comisaría de Aminga en julio de este año para que se adopten medidas preventivas. Cinco meses después, ladrones se apoderaron de casi 400 mil pesos del edificio comunal, situado al lado de la comisaría. Sólo tuvieron que forzar una puerta de chapa y abrir una caja de seguridad para cometer el hecho.

En las altas esferas del Gobierno, se podrían adoptar medidas más drásticas para que definitivamente los intendentes acaten estas recomendaciones porque los daños al erario público a esta altura ya son millonarios.