El senador José Manuel Cano y los legisladores Silvia Elías de Pérez y Ariel García (de la UCR) pidieron al defensor del Pueblo, Hugo Cabral, que inicie acciones para revocar al administrador provisorio del Ente de Control de los Servicios Públicos, Sergio Sánchez. Según los parlamentarios, el funcionario se encontraría inhabilitado para ejercer esa función por ser socio de una empresa contratista de EDET.

Los radicales instaron a Cabral a actuar conforme las facultades que le confiere el Código Procesal Constitucional para lograr el desplazamiento de Sánchez y la corrección de una situación a la que denunciaron como ilegitima.

Cano había pedido al gobernador José Alperovich que remueva al administrador provisorio del unificado Ente de Control de los Servicios Públicos por su vinculación con la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica. Mediante una nota enviada al titular del Poder Ejecutivo el 21 de marzo pasado, el parlamentario denunció que Sánchez era socio de la firma GEESA (Gestión Eléctrica Empresaria SA) y que se había desempeñado como presidente del directorio hasta 2008.

La firma en cuestión es proveedora de servicios de EDET y, conforme a las pautas legales vigentes, la vinculación directa o indirecta con las concesionarias es una causal de incompatibilidad para ejercer el cargo en cuestión. Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial "no hubo ninguna respuesta", advirtió el senador.

"La designación de un socio de la empresa contratista del prestador del servicio de distribución de energía eléctrica como administrador del organismo encargado de controlarlas resulta intolerable desde el punto de vista ético y es a todas luces violatorio de la normativa legal y constitucional. Lo instamos a iniciar las acciones legales que la legislación pone a su cargo, a fin de requerir la revocación de la designación del ingeniero Sergio Gustavo Sánchez como administrador provisorio del Ente Unico de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales ERSEPT", reza la nota firmada Cano, Elías de Pérez y García enviada al ombudsman en la última semana.