Bajo el patrocinio de los doctores Eduardo Salerno y Gustavo Arellano, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires, realizaron la presentación ante la Corte de la Provincia, donde se realizan una serie de consideraciones sobre el caso Hoof.

“Este caso, emblemático en la justicia argentina, por la cantidad de acusaciones que pesan sobre Hoof, por la magnitud y trascendencia de los delitos cometidos, por mantenerse en el ejercicio de la magistratura, cuando por delitos menores otros jueces o miembros del poder judicial han sido inmediatamente apartados del ejercicio de su función, por la inteligencia y capacidad de Hoof para lograr una obstrucción sistemática de la justicia, por su capacidad para hacer loby con la iglesia y con los sectores más recalcitrantes de nuestra sociedad, mansillan no solo al poder judicial en su conjunto, sino a la propia sociedad argentina que ha elegido un camino de búsqueda de MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA, en paz y con todas la garantías constitucionales que los asesinos cívicos militares no dieron a sus víctimas en los años de terrorismo de estado”, detallaron mediante un comunicado firmado por Carlos Fernando Díaz y Fernando Cuesta, autoridades de la Asociación

En la presentación, a la que tuvo acceso LOQUEPASA.NET, se resaltan los siguientes puntos:

“Se solicita la inmediata suspensión del Dr. Pedro Federico Cornelio Hooft y se convoque de manera inmediata al jurado de enjuiciamiento”.

“El acusado fue querellado penalmente ante el juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata en causa numero 17521. Seis meses y 20 días después es iniciado este Jury de enjuiciamiento con denuncia ante la Secretaria de Denuncias y Acusaciones contra magistrados y funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Al tiempo actual, inicios de diciembre del año 2011, han pasado ya cuatro años y tres meses desde iniciada las actuaciones”.

Posteriormente en la presentación hace hincapié en que “Hooft es un hombre que conoce mucho de derecho. De hecho, una gran parte de su vida ha transcurrido en este campo. Pero no es por eso que se lo denuncia y somete a Jury, sino por razones más serias como es el hecho que su comportamiento procesal ha desvirtuado y pervertido el principio que vincula la ley a la justicia y no a la posibilidad de que los mecanismos legales conduzcan a terminar con la impunidad. Y esto, que es algo reiterado en sus conductas como juez, también lo ha repetido en causa propia”.

“Hay en las causas que llevó Hooft – particularmente las de épocas del proceso militar - aquel exasperante “retardo malicioso”, en definitiva una forma de negación de jurisdicción, producto de una política judicial, o mejor de una política impuesta desde el poder de facto militar a los jueces, y en este caso aceptado y practicado por Hooft. Esto fue posible dada la complicidad y la funcionalidad reciproca entre el poder militar y el actuar en ese tiempo, de muchos magistrados como Hooft, y por otros factores como la adhesión ideológica y política. Pero sobre esto no tenemos nada que decir, ya que no es parte de lo justiciable en el caso”.

“En los casos con militares involucrados que llevó como juez, la justicia murió de inanición”.

“El sistema de recambio de jueces ha conspirado para hacer justicia y por sus notorias debilidades estructurales este permitiendo que de la mano de alguien especialmente preparado para cuestiones jurídicas y mediante una tarea de permanente obstrucción, transforme a este procedimiento en la principal herramienta de la injusticia, es decir de la impunidad.

De hecho el Tribunal de Enjuiciamiento no ha resuelto nada y ya opero el cambio del 10 de diciembre. Mientras tanto, no está funcionando la justicia. Simplemente se prolonga la impunidad”.

Finalmente resaltan que “en el caso Hooft se da una situación singular. El acusado no está sometido a ninguna medida de limitación de su libertad y ni siquiera ha sido separado de su cargo”.