Alak sostuvo que los autores de las amenazas atentaron contra "el normal funcionamiento de las instituciones" con la intención de que Moreno no cumpliera "su mandato constitucional". Por orden de la presidenta Cristina Kirchner, el ministro de Justicia denunció en los tribunales "amenazas de muerte" contra Moreno horas después de un cacerolazo frente a su casa. El argumento fue que, en las redes sociales, se promovía la manifestación con una imagen trucada de Moreno, en un féretro y con un disparo en la frente.

"Hay elementos suficientes para castigarlos -dijo el ministro, en referencia a los supuestos autores del hecho-. Denunciamos amenazas de muerte efectuadas por más de 30 blogueros y se hizo porque se detectó una organización mafiosa detrás de esto." Aclaró, así, que la denuncia penal no fue contra los que participaron del cacerolazo.

Alak detalló que en una serie de correos electrónicos se exhortaba "en forma clara y contundente" a ir a la casa de Moreno y a la de su madre "a matar al funcionario". Y hasta advirtió que un caso como éste puede terminar en un ataque real. "Ha habido muchas tragedias, personas que han ido a matar a ídolos, personas importantes, un músico, porque sí, para trascender", sostuvo durante una entrevista radial.

Además, minimizó los dichos de Moreno, quien había reaccionado con dureza, respecto de quienes se manifestaron en su contra: "Que se metan las cacerolas en el orto". Alak le restó trascendencia al exabrupto, por haber sido "posterior a las amenazas".

La causa penal promovida por Alak le tocó al juez federal Ariel Lijo. En realidad, por sorteo se le había asignado a Norberto Oyarbide, pero él se excusó por "violencia moral", como lo había hecho, días antes, con la causa por las denuncias contra Moreno de una despachante de aduana. Fue determinante en su decisión de apartarse de ambos casos la manifestación realizada en la puerta de la casa del magistrado el martes pasado por un grupo de gente que le reclamó la renuncia.

Lijo decidirá la semana próxima si se queda con la causa y, en ese caso, se la remitirá al fiscal Patricio Evers para que dictamine si corresponde impulsar la investigación.

Según Alak, está claro que hay fundamentos para que los autores de las amenazas sean "imputados, procesados y condenados" por estos "gravísimos delitos".

"Ha primado la prudencia y no ha pasado nada, pero no podemos cruzarnos de brazos esperando que ocurra una fatalidad", insistió. "Cuando se llega a diseñar el afiche de una persona muerta, hay una transmisión subjetiva al inconsciente de quien quiere cometer un delito, para que lo haga; se le está diciendo: esto es lo que tenés que hacer", afirmó. Además, Alak repudió el cacerolazo contra Oyarbide, que también consideró "una agresión"..