Cuatro diputados radicales fueron a visitar a Alejandro Cazabán. Se apersonaron el viernes de la semana pasada por la mañana con la intención de pedir los decretos de junio y julio que se refirieran a nombramientos de personal en el Estado. Juran que fueron sin ánimo de incendiar nada. El martes llegó a la Legislatura la respuesta del secretario general de la Gobernación: si quieren esos decretos que presenten y se apruebe un pedido de informes.

Los radicales, enfurecidos, respondieron con una resolución en ese sentido, aprobada por unanimidad el último miércoles, pero todavía rumian bronca y prometen presentar más pedidos de informes, esta vez a todos y cada uno de los organismos descentralizados. Buscan probar que el gobierno de Celso Jaque ha sumado a la administración pública, al menos, 8.000 nuevos empleados.

Todo esto se da en medio de la intención manifestada por el Gobierno provincial de reglamentar el ingreso del personal al Estado por concurso, una vieja promesa y un aún más viejo reclamo de gremios y ciudadanos. Pero este anuncio oficial parece aplicarse al gobierno próximo, no al actual.

Los Andes dio cuenta de esta situación y de la visita de los legisladores en la edición del domingo pasado. Los cuatro legisladores eran Roberto Infante, Daniel Dimartino, Edgardo Pintos y Néstor Parés. Cazabán no los recibió porque, según cuentan los visitantes, estaba reunido con el intendente de Guaymallén, Alejandro Abraham.

Dicen que se reunieron con el secretario Legal y Técnico, Fernando Simón. Y, de paso, le dejaron una nota en la que solicitaban que enviara en 72 horas copia certificada de los decretos de junio y julio referidos a la contratación de personal.

Unos días después, llega esta nota de Cazabán dirigida al presidente de la Cámara baja, Jorge Tanús. Y en ella, el funcionario de Jaque indicaba que ese pedido, para que tuviera valor legal, debía ser realizado no en forma personal ni con una nota, sino por resolución del cuerpo. La respuesta a esta nota fue la presentación de un proyecto firmado por todo el bloque radical, que fue aprobado por unanimidad. Esto es, votado incluso por los legisladores del oficialismo.

Infante, uno de los que fue a Casa de Gobierno, dijo que pidieron los decretos "para saber si el Ejecutivo está cumpliendo con lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, en su artículo 46. El legislador dijo, además, que ya han presentado numerosos pedidos de informes que nunca fueron contestados.

"No sólo no enviaron la información requerida, para ver si en estos últimos dos meses se han realizado modificaciones en la planta de personal contratado y permanente y de partidas, sino que patearon los tiempos con argumentos 'legalistas', cuando ellos no han sido capaces de contestar numerosos pedidos de informes solicitados por legisladores de la oposición".

La Ley de Responsabilidad Fiscal prohíbe el ingreso de personal al Estado 180 días antes de las elecciones.