El bloque radical Hipólito Irigoyen anticipó que presentará una serie de propuestas alternativas para reformar el inconstitucional Código de Contravenciones Policiales. Sin embargo, desde la bancada que integran Federico Romano Norri y Roberto Sánchez, advirtieron que la Legislatura debe concentrar su atención inmediata en el control y seguimiento de las políticas de seguridad que ejecuta la Provincia.

“Hay un debate valioso sobre las pautas de convivencia social, pero no hay que engañar a los ciudadanos. Los problemas de la inseguridad no se resolverán con una ley, sino con un Gobierno que asuma el fracaso de sus políticas. Hace más de un mes que pedimos la interpelación del ministro de Seguridad y las respuestas siguen estando ausentes”, se quejaron los parlamentarios.

Romano Norri adelantó que acompañará las propuestas que buscan crear la instancia judicial para atender los expedientes contravencionales. “Sobre ese punto hay coincidencia de casi todos los sectores políticos, pese a que algunas de las ideas que se han esbozado muestran una concepción peligrosa en cuanto al rol represivo del Estado y las conductas particulares. Nuestra idea es encontrar un equilibrio que garantice los derechos consagrados por la Constitución y el ejercicio de las libertades públicas”, precisó el radical.

El ex presidente de la UCR consideró que una reforma al régimen contravencional debiera contener pautas específicas vinculadas con la prevención de conductas antisociales. “Es necesario contener y dar un canal de participación permanente a las numerosas organizaciones vecinales que han surgido para reclamar por la inseguridad, pero también por mejores condiciones de vida. No se trata de darle más poder a un policía o a un juez, sino de generar mecanismos de controles democráticos que aseguren que las leyes se cumplan”, sostuvo el parlamentario.

Otro de los puntos que estudian los legisladores radicales tucumanos es la incorporación de los gobiernos municipales en la discusión y definición de pautas que tengan que ver con la convivencia social. “Nuestra idea es que la futura Ley de Contravenciones no sólo sea una enumeración de conductas prohibidas y castigadas. Queremos una ley que asegure un vínculo más directo entre los ciudadanos y quienes ejecutan las políticas y el control callejero. ¿ De qué sirve la ley si los vecinos llaman a la Policía de su barrio y no tienen ni nafta, ni balas para controlar lo que pasa en las esquinas?”, precisó el referente de la sección Oeste, Roberto Sánchez.