Desde el gobierno se recordó que en 2009 la Mesa de Enlace avaló el mecanismo de cobro. Desde el gobierno se recordó que en 2009 la Mesa de Enlace avaló el mecanismo de cobro.

El gobierno provincial ratificó ayer la intención de avanzar en el cobro del Impuesto Inmobiliario Rural tal como lo contempla la Ley Nº 8.672, cuya aplicación produjo el rechazo de las entidades integrantes de la Mesa de Enlace, que calificaron como “confiscatoria” la suba de los montos del gravamen y llamaron a la rebeldía fiscal.

Ayer el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) Marcelo Casaretto, salió al cruce de las declaraciones de los dirigentes agropecuarios que proponen no pagar el tributo.

El funcionario explicó que la Ley Nº 8.672, sancionada en 1992, estableció cómo debe calcularse el Impuesto en la provincia a partir de 37 zonas agroecológicas definidas por la aptitud de la tierra y su rendimiento, que se analiza junto con los precios obtenidos por la producción durante los cinco años anteriores a la emisión de la boleta del impuesto.

“Esto ha sido la metodología consensuada y que se ha aplicado siempre, de acuerdo a lo que han requerido las propias entidades del campo a lo largo de los años. En este caso, cuando consideramos los precios y las cantidades del sector de los últimos cinco años, nos da que el sector está en una situación relativa mucho mejor que cinco años atrás. Por eso, si uno toma como referencia, por ejemplo, la ganadería, no es lo mismo obtener un kilo de carne a 3 pesos para un productor que tenerla a 10 pesos. De alguna manera eso se ve reflejado, cuando los precios del sector suben, el Impuesto Inmobiliario rural sube. Si eventualmente los precios del sector bajan, el Inmobiliario baja”, explicó el ex ministro de Economía.

Asimismo, recordó que en 2009 “cuando tenía que aplicarse el aumento del impuesto Inmobiliario Rural los productores fueron a la Legislatura y consensuaron que se aplicara 25% un año, 50% el otro, 75% el otro y que en 2012 se aplicara el impuesto plenamente, al 100%”, por lo que la actual emisión se corresponde con “la aplicación de la fórmula para el cálculo del impuesto al 100%, de la misma manera como ellos lo consensuaron”, añadió.

Las entidades del campo sostienen que la emisión para este año representa subas de hasta el 600% respecto de 2011.

Luego, completó Casaretto, se le aplica “a cada avalúo una alícuota progresiva, que parte del 0,9% y va creciendo con el valor del campo hasta el 2,3%. De manera que en este momento no se ha dispuesto ningún aumento del impuesto Inmobiliario Rural. Lo que se dispuso fue la aplicación de las leyes que todo el sector conoce y que todo el sector consensuó”, agregó.

Respecto del alegado aumento del 600%, Casaretto dijo que “por ley aumentaron todos los mínimos, entonces, un campo que pagaba en el año 35 pesos de mínimo, ahora va a pagar 250. Esos son los casos que plantean esta suba”. Indicó además que los mejores campos de la provincia pagan, por mes, 32 pesos de impuesto.

UCR: sin aval a la rebelión

El bloque de diputados radicales se reunió ayer con las entidades que confirman la Mesa de Enlace en la provincia para escuchar los planteos del sector.

La UCR no votó la modificación al impuesto Inmobiliario Rural y en el recinto, donde tampoco dio tablas para su tratamiento, criticó el proyecto. Ahora, estudian una nueva iniciativa que formalizarán en la sesión de hoy.

El jefe de la bancada, Agustín Federik, dijo que no avalan “la rebelión fiscal”, pero coincidió con el campo en que los montos que deberán tributar “son confiscatorios”.

“No se puede someter a la población a un impuesto confiscatorio”, reiteró el legislador opositor.