Se espera para esta semana la resolución judicial sobre el amparo presentado por propietarios de tierras en contra de la actualización del impuesto inmobiliario rural. Ambas partes anticiparon que apelarán en caso de un fallo adverso, con lo cual el trámite llegará a la sala penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

A la vez, ya cumplidos los vencimientos, según informó la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), pagó el impuesto con los nuevos valores el 60% de los propietarios.

Además, el monto total de la recaudación permite al gobierno hacer una comparación alentadora: hasta ahora se recaudaron por este concepto 120 millones de pesos, mientras que en todo el año pasado, computando los cuatro vencimientos y sin situación de conflicto, se logró reunir solamente 140 millones.

Objeciones

La resolución judicial que se conocerá en las próximas horas tiene que ver con cuestiones formales y de fondo. El gobierno objeta que sea la vía del amparo la elegida por los ruralistas y, más aún, la figura de amparo colectivo. Además, cuestiona la legitimidad de la Sociedad Rural de Gualeguaychú para encabezar el reclamo.

Las entidades ruralistas, en tanto, argumentan que no fueron debidamente informadas sobre la metodología para calcular el impuesto. También cuestionan la forma en que se realizó el cálculo, puntualmente en el mecanismo por el cual se arribó a los valores básicos por hectárea.

Sintéticamente, el impuesto se calcula a partir del valor de cada una de las 37 zonas agroecológicas en que se dividió a la provincia que, a la vez, se referencian en la zona de menor productividad, localizada en el norte, en los departamentos La Paz y Feliciano, señalada con el número 3.

En el medio hubo incidentes de recusación y excusación de magistrados. Finalmente, el tribunal quedó integrado por Ana Pauletti, Valeria Barbiero y José Arakaki.

La pretensión inicial de las entidades fue obtener una medida cautelar de no innovar que fue rechazada por la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, con lo cual el impuesto sigue vigente hasta que no haya un fallo firme. No obstante, no se han enviado intimaciones para no seguir crispando los ánimos en medio de la controversia, a la espera de respuestas judiciales y políticas.