Durante la jornada de ayer el jefe de Gabinete provincial Rubén Galassi junto con los senadores radicales (con excepción de Hugo Marcucci, además presidente del Partido que se encuentra en el exterior) estaba tratando de terminar de darle forma política al “programa de actualización y modernización tributaria” (tal el ingenioso apelativo con que un senador radical denomina a la reforma tributaria) ya prácticamente consensuada con los representantes departamentales peronistas.

Antes, Galassi debía escuchar cómo sus socios políticos le reprocharían algunas “desprolijidades” políticas operativas en el Gobierno de Bonfatti que eclosionaron en los últimos días, de las cuales ellos tienen que dar explicaciones en sus terruños, sobremanera cuando tendrán que justificar las supuestas bondades del ajuste inmobiliario por venir.

Precisamente, según trascendió, el peronismo se aprestaría a habilitar en la Cámara de Senadores una reforma tributaria que permitirá a los Ejecutivos provincial y municipales aumentar la recaudación y afrontar compromisos financieros inmediatos (ya sean sueldos o continuidad de obras programadas), sin necesidad de endeudarse, mediante el aumento de los impuestos Inmobiliarios urbano y rural del orden del 80 por ciento para este año, con porcentajes similares para 2013 y 2014, la restitución del impuesto a la herencia, la eliminación de exenciones del impuesto a los Ingresos Brutos a la industria y a las grandes empresas constructoras, la aplicación de gravámenes y a algunos bienes suntuarios como lanchas o yates.

El Gobierno aspira también a que el Parlamento apruebe el aumento por decreto que aplicó el Ejecutivo provincial el 23 de enero disponiemdo un incremento en la alícuota básica en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos del 3,5 al 3,8 por ciento para las empresas que el año pasado facturaron más de 30 y hasta 40 millones de pesos -o sea unos 2,5 a 3,3 millones por mes de facturación-, y al 4,2 por ciento para aquellas firmas que facturaron más de 40 millones en todo 2011 alcanzando unos 400 grandes contribuyentes que le dejarían al fisco un ingreso adicional de unos 250 millones de pesos.

Los senadores peronistas José Baucero y Alberto Crosetti, lapidarios en sus discursos en la gestión Binner, ahora aceptan discutir aumento de impuestos: "queremos ver qué tributos quieren tocar y nosotros ver en qué podemos acceder porque responsablemente queremos acompañar en un momento difícil de la Provincia; el Gobierno de Antonio Bonfatti, con el que no nos llevamos nada mal, ha recibido una herencia muy pesada y no tiene más salida que aumentar los impuestos o endeudarse, tiene un costo político alto pero nosotros no le vamos a poner palos en la rueda; vamos a acompañar en todo lo que se pueda", dijeron a los Medios locales.

El que no está para nada de acuerdo con sus pares y compañeros es el senador por Castellanos Alcides Calvo quien se opone a “cualquier reforma que genere incremento de impuestos tales como Inmobiliario urbano y/o rural o incremento de cuotas de Ingresos Brutos”

Calvo, que responde políticamente al diputado nacional Omar Perotti se refirió al “fuerte déficit que ha dejado el Gobierno socialista de Hermes Binner y que hoy el actual gobernador Antonio Bonfatti debe enfrentar a través de un incremento desmedido del gasto corriente, generado por aumentos salariales pero asimismo por un importante crecimiento de los gastos de funcionamiento, surge la necesidad de una reforma tributaria”.

Por su parte, los peronistas Baucero y Crosetti son cautos con el tema empresario: "los antecedentes históricos nos obligan a ser prudentes con esto, el Gobierno quiere gravar a la industria pero hay que tener cuidado de que eso no afecte la competitividad y, en lugar de aumentar la recaudación, expulse empresas a otras provincias con legislación más contemplativa, hay que ver cómo se hace para que la construcción tribute sin que ello afecte a las pequeñas constructoras sobre todo del interior de la Provincia".

El titular del API José Raffín había explicado que Córdoba, por ejemplo les cobra a sus industrias por encima de los 20 millones de pesos de facturación. Mientras en Santa Fe la construcción está eximida del pago de IB, Córdoba (que en los últimos cuatro años aumentó tres veces los tributos, mientras Santa Fe no lo hizo) les cobra el 2,5%.

A todo esto, y para cubrir los acuerdos salariales con los estatales, que le demandará 2.700 millones de pesos, según consigna el periódico Cruz del Sur en días, el Ministerio de Economía pedirá autorización para emitir letras del Tesoro previstas en la ley de Administración Financiera. El ministro Sciara no confirmó montos ni plazo de vencimiento, pero aclaró que se trata de “aceitar la maquinaria” con deuda a muy corto plazo que se cancela dentro del mismo ejercicio.

El Gobierno guarda con celo -probablemente porque esté en etapa de negociación, aunque esto no se pudo confirmar- el monto límite de emisión que le solicitará a la Legislatura. Tampoco se adelantaron datos de vencimiento, tasas previstas y la modalidad que elegirá el Ministerio de Economía para la colocación. El ministro Sciara se negó a adelantar cifras y sólo aclaró: “No nos interesa pedir un monto exagerado”, señalan los colegas rosarinos.