El Tribunal Electoral, luego de realizada la audiencia por las boletas, resolvió anular el decreto 342 de convocatoria a elecciones, pero el fiscal de Estado, Alberto Carosio, a nombre del Gobierno provincial resolvió apelar esa decisión. Lo mismo hicieron el PJ y REDES, pero en sentido inverso tratando de ampliar la anulación al decreto de reglamentación de las consultas populares.

Posteriormente, el PJ y luego parte del bloque de la Alianza y otros partidos presentaron en la Legislatura, la semana pasada, dos proyectos de reforma constitucional, con la clara intención de vaciar de contenido la consulta.

Por otra parte, se conoció que el viernes pasado (11) el procurador general subrogante recepcionó documentación desde el Poder Legislativo de la Provincia que hace saber de la existencia de dos proyectos parlamentarios formalmente presentados en los que se está ejercitando la alternativa de iniciativa referida al artículo 111 y cctes. de la Constitución de la Provincia, por vía de legisladores que integran varios bloques parlamentarios, incluida la mayoría oficialista.

“Este elemento de juicio instrumental, de significación institucional, originado en el desempeño oficial de más -estimo- de veinticinco (25) diputados provinciales, independientemente de la calidad constitucional de los mismos, podría conformar, procesalmente, un hecho indubitable generado por terceros respecto de la causa, pero con notoria vinculación con los antecedentes y fundamentos de la misma”, dijo Echarren.

El funcionario judicial explicó que “de ningún modo estoy pre-opinando técnicamente sobre la circunstancia apuntada al inicio de este informe ni sobre la incidencia de la misma en el trámite, pero tengo para mí como cierto que es innegable la existencia de tales iniciativas parlamentarias encaminadas a legislar respecto de la necesidad de una cuestión tan trascendente como la reforma íntegra de la Constitución de la Provincia. Tales iniciativas han sido ejercidas por varios de los titulares que tienen asignadas constitucionalmente la potestad de disponer legislativamente la necesidad de la reforma. De allí su trascendencia”.

“Si a ello se agrega que ese es precisamente el objetivo declarado de las normas legales de la convocatoria propuesta en sede electoral, las nuevas circunstancias institucionales a las que me he referido comprometen a esta Procuracion General (S) a derivar a usted los antecedentes respectivos a sus efectos, que no son otros que la jurisdicción y competencia del STJ para examinarlos y en su caso expedirse, como considere corresponder”, agregó.

“A estos efectos le remito el presente informe con la documentación recepcionada a las 10:30 del día de la fecha según nota Nº 31/2010 suscripta por el Sr. presidente de la Legislatura de la Provincia, siendo las 11:30 del día 11 de junio de 2010”, concluyó.