Por Sebastian Abrevaya

Con la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como telón de fondo, el oficialismo –con apoyo de sus aliados habituales– logró aprobar en el Senado la regulación del per saltum, instrumento que habilita la intervención de la Corte Suprema salteando instancias judiciales en casos de “notoria gravedad institucional”. Con 43 votos a favor y 26 votos en contra, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, que ya convocó para tratar el proyecto hoy a la Comisión de Asuntos Constitucionales. “El per saltum conforma una norma democrática que no tiene visos de inconstitucionalidad y le da garantías a la Corte para poder intervenir”, aseguró el titular del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, quien además señaló que para el oficialismo la causa del Grupo Clarín amerita la utilización de este instrumento. La oposición, en cambio, fustigó al Gobierno por “presionar al Poder Judicial” y “avasallar la libertad de expresión”.

La iniciativa aprobada en el Senado incorpora los artículos 257 bis y ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El primero establece que procederá el per saltum en causas de competencia federal “que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional” cuya solución “definitiva y expedita” sea necesaria y que el recurso constituye el “único remedio eficaz” para “evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”. “Lo que hoy estamos discutiendo es si se otorga precisamente el pedido que en varias oportunidades realizó la Corte”, señaló el senador oficialista Marcelo Fuentes, luego de hacer un desarrollo del surgimiento histórico de esta “facultad pretoriana”. Será la Corte quien decida si acepta o no el recurso, facultad que de hecho tiene hoy en día, de manera no reglamentada.

“Distintas fuerzas políticas han manifestado que, si bien coinciden técnicamente, no consideran que el momento sea oportuno atento que manifiestan la existencia de un conflicto. Eso implica desconocer una cuestión fundamental en la construcción del derecho. La ley se dicta con posterioridad a los hechos”, señaló Fuentes. El senador neuquino señaló que hay “gravedad institucional” en tanto el Grupo Clarín se resiste a adecuarse a una ley aprobada hace tres años. Además, Fuentes relató las irregularidades en la designación de jueces por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y denunció el financiamiento de un viaje a Miami a varios magistrados de esa Cámara por parte del Grupo Clarín, para participar de un congreso sobre telecomunicaciones, organizado por la hija del camarista Ricardo Recondo. “La garantía del debido proceso y la preminencia de la Constitución sobre los intereses de grupos de poder fáctico está seriamente comprometida”, concluyó Fuentes.

La senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro denunció un intento de hacer “un per saltum legislativo” por la brevedad del trámite parlamentario y se abocó a cuestionar los “incumplimientos” del Poder Ejecutivo en la aplicación de la ley de SdCA. “El gobierno nacional lo que hace es desinformar, porque pone a un grupo como el único incumplidor y el Gobierno es el principal incumplidor”, aseguró la senadora y sentenció que “en todos estos años de democracia no ha habido una embestida tan brutal, tan feroz, tan sin límites, contra jueces, camaristas, consejeros y ahora contra la Corte Suprema”.

“No hay gravedad institucional en este momento. Si se pulveriza el Grupo Clarín, estamos pulverizando la única voz crítica que hay del Gobierno. No se trata ya de sumar voces afines sino de acallar voces disonantes. La única gravedad institucional es el riesgo que existe de avasallar la libertad de expresión que hay en Argentina”, sentenció en el mismo sentido la salteña Sonia Escudero, quien reconoció que había presentado una iniciativa similar en 2002 pero cambió el contexto político. La que fue un poco más allá fue la aliada radical, Blanca Monllau, que en una disquisición filosófica advirtió sobre la “cercanía muy peligrosa entre el movimiento, el nazismo y el fascismo”. Al cruce le salió Aníbal Fernández, homenajeando a Raúl Alfonsín y recordando su convocatoria a conformar el “tercer movimiento histórico”.

“¿Quien va a ser el soberano que defina si se aplica esta excepción? El argumento de que estamos menoscabando a la Corte me parece bastante discutible. Estamos poniendo a la Corte en el ejercicio de una potestad excluyente”, sostuvo Samuel Cabanchik, uno de los senadores que acompañó al Frente para la Victoria.

Al igual que el FAP y el PJ disidente, la UCR centró sus objeciones en cuestiones políticas y no jurídicas: “Lo único cierto es la presión del Poder Ejecutivo sobre los jueces. Eso es lo que marca la gravedad institucional. Ha existido un verdadero proceso de colonización del Poder Judicial”, sostuvo el senador y consejero de la Magistratura Mario Cimadevilla, quien llamó a los jueces a actuar con “coraje” e “independencia” porque la oposición los defenderá en el Consejo. “Esta madre de todas las batallas es una simple excusa. El problema no es Clarín, es mucho más profundo. El problema es la intolerancia, el rechazo a la diversidad, el rechazo a la crítica”, completó Luis Naidenoff, titular de la bancada radical.

Con el tratamiento de hoy en comisión en Diputados, el per saltum podría convertirse en ley la semana que viene. Sin embargo, será necesaria alguna decisión judicial posterior a su sanción para poder interponer el recurso.