El Tribunal de Cuentas de la Provincia inició una demanda civil en contra del presidente del IPV, José Luis Del Giudice, por el presunto perjuicio fiscal que generó la doble contratación del servicio de vigilancia en la obra de las 96 viviendas de la urbanización del Río Pipo.

Al funcionario se le cuestiona la contratación de una empresa por 106 mil 784 pesos para el servicio de custodia de la obra, siendo que se le abona a la contratista Ingeniería Fueguina SRL, por cumplir esa misma tarea.

La resolución 92/12 del organismo de control fue firmada por Miguel Longhitano y Luis Alberto Caballero. Allí se resolvió disponer el inicio de una demanda civil en contra de Del Giudice y el director General del área Técnica, Roberto Camio, con el fin de reparar el presunto perjuicio fiscal constatado en el organismo.

Se denunció otra cosa

La denuncia la realizó un agente del IPV que, en su presentación, cuestionó la decisión del ministro de Obras Públicas, Manuel Benegas, y el presidente del IPV de entregar -mediante el acta firmada en junio de 2011- las viviendas de la zona del Río Pipo «a los preadjudicatarios que así lo soliciten en las condiciones en que se encuentren».

En la denuncia se resalta que las 96 viviendas del Pipo no se encontraban, en ese entonces, terminadas de conformidad en el contrato de obra que firmó el IPV con la UTE Ingeniería Fueguina SRL-Inversur SRL.

En la presentación se destacó que el hecho significaría un alto riesgo para la vida humana, como la falta de aprobación de las ventilaciones de los calefactores que observó oportunamente la empresa Camuzzi Gas del Sur.

La investigación del Tribunal de Cuentas derivó en un presunto perjuicio fiscal por un monto de 106 mil 784 pesos, al haberse abonado desde el IPV, a la empresa Centinela SRL, en concepto de custodia de la obra 96 viviendas cuando «dicho rubro se encontraba incluido dentro del pliego de obra de la UTE contratista Ingeniería Fueguina SRL-Inversur SRL».