Los concejales iniciaron ayer en la comisión de Legislación el debate sobre un proyecto del bloque de Acción Marplatense para realizar modificaciones en el reglamento interno del Concejo Deliberante. Entre los cambios propuestos figuran el de fijar un plazo máximo para el tratamiento de los expedientes, establecer un régimen de sanciones para los ediles ante casos de inconducta y poner en práctica nuevas pautas para el funcionamiento de las comisiones internas y de las reuniones plenarias del cuerpo.

La iniciativa fue presentada por el presidente de la bancada oficialista, Diego Monti, quien ayer le aseguró a LA CAPITAL que más allá de los distintos criterios que existen entre los diferentes bloques en torno a algunas de estas disposiciones, en lineas generales "hay acuerdo sobre la necesidad de modificar el reglamento" cuya última reforma integral había tenido lugar en el año 1989.

Al tratar por primera vez la cuestión, ayer la comisión de Legislación -presidida por el mismo Monti- realizó un análisis de las primeras 20 propuestas de cambio impulsadas por Acción Marplatense, sobre un total de 50. Además se acordó que la cuestión seguirá siendo debatida con intensidad en el transcurso del mes próximo ya que algunos concejales consideran que la cuestión debería estar resuelta antes de que dé comienzo el período de sesiones ordinarias, el próximo 1 de abril. Monti justificó el debate en torno a la modificación del reglamento interno del Concejo Deliberante local al indicar que de este modo se pretende "mejorar el funcionamiento de la institución de cara a los vecinos, generar una mejor convivencia política y cubrir algunas lagunas en los procedimientos" que existen con la actual normativa.

Asimismo vinculó a la posible concreción de estos cambios a otras medidas impulsadas por el intendente Gustavo Pulti y el actual presidente del HCD, Ariel Ciano, para "mejorar las prácticas legislativas", garantizando la participación y el control de parte de las sociedades de fomento, colegios profesionales y organizaciones del tercer sector. Una de las modificaciones más importantes, consiste en no admitir más la existencia de bloques unipersonales que se generen como producto de la decisión de un solo concejal de apartarse de la fuerza política a la que pertenezca.

De este modo, sólo podría existir un bloque de un solo integrante cuando un partido haya accedido a una única banca en las elecciones. Así, para que puedan crearse nuevas bancadas, éstas deberían estar conformados al menos por dos miembros. Por lo tanto un solo concejal que decida apartarse de su bloque original sin sumarse a otro o convenir la creación de uno nuevo con otro edil, no podría participar de las reuniones de labor deliberativa ni presidir comisiones.

Otra propuesta importante consiste en establecer un plazo máximo de 120 días para que un expediente permanezca en tratamiento en una comisión. Según el texto, una vez que se cumpla con ese plazo la comisión tendrá que solicitar más tiempo o permitir que el proyecto en cuestión sea tratado en el recinto. Según Monti, esta es una propuesta que tiende a evitar "el cajoneo" de las iniciativas que puedan promover el gobierno, los concejales o los vecinos obligando al Concejo a expedirse y a no mantener abierto un debate por un tiempo indefinido.

Otro punto de la iniciativa apunta a jerarquizar la costumbre del Concejo de otorgar de reconocimientos y distinciones, estableciendo que para conceder este tipo de homenajes la propuesta tendrá que ser aprobada por los dos tercios de la comisión de Educación y Cultura. Otro capítulo de proyecto está dedicado a las obligaciones de los concejales, disponiendo por ejemplo que ninguno de ellos podrá retirarse de las dependencias del Concejo una vez que sea iniciada una sesión sin el consentimiento del presidente. Además, se propuso poner en vigencia un mecanismo de sanciones para los ediles en el caso de que realicen actividades invocando la representación del cuerpo sin la debida autorización, entorpezcan el funcionamiento de la institución o injurien u ofendan a algún concejal, funcionario o empleado municipal.