En la Parte I se define el objeto de la ley como el establecimiento de las bases jurídicas e institucionales del sistema provincial de seguridad pública, en lo referente a su composición, misiones, funciones, organización, dirección, coordinación y funcionamiento; así como de las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública. Asimismo, se conceptualiza a la seguridad pública como una situación institucional y social en la cual las personas pueden gozar plenamente y ejercer integralmente libertades y derechos.

En la Parte II se hace referencia a la integración y finalidad del sistema provincial de seguridad pública así como a los dispositivos institucionales de gestión de estos asuntos a nivel provincial. Específicamente, con el contenido propositivo de este apartado, se persigue fortalecer la conducción política de los asuntos de seguridad y las capacidades institucionales de gestión de estos asuntos a nivel provincial.

En ese sentido, en primer lugar, se establece al Gobernador de la Provincia, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo y jefe superior de la administración del gobierno provincial, como responsable de la conducción político-institucional superior del sistema provincial de seguridad pública.

En segundo lugar, y con el ya mencionado objeto de fortalecer la conducción política de los asuntos de seguridad pública, se propone dotar a la estructura actual del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad con una Secretaría de Seguridad Pública que se encargue de abordar principalmente tres ejes fundamentales de cualquier política de seguridad provincial integral: la prevención social de la violencia y el delito, la dirección superior y administración general del sistema policial, y la gestión del conocimiento en materia de seguridad pública.

En tercer lugar, se crea el Consejo Provincial de Seguridad Pública como órgano de asesoramiento y consulta del Poder Ejecutivo en todo lo referido a la elaboración, implementación y evaluación de la política y las estrategias de seguridad pública.

Por último, se propone la creación de un Observatorio sobre Violencia y Seguridad Pública de la provincia del Chaco, como entidad de carácter técnico que estará a cargo de la producción, planificación, coordinación y evaluación de la información referida a la situación del delito y la violencia y al desempeño de las instituciones del sistema de seguridad provincial.

Esta área servirá de instrumento de recolección, medición y análisis de información cuantitativa y cualitativa sobre delito y violencia con el propósito de entregar información confiable para apoyar los procesos de toma de decisión y el diseño de políticas públicas de seguridad adecuadas y basadas en una evaluación de la situación de la seguridad pública de la provincia. El Observatorio debe servir como espacio intersectorial o interdisciplinario que permita la definición de indicadores, políticas, monitoreo de políticas públicas e intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de la comunidad.

La nueva Ley de Seguridad Pública fija además las bases para la modernización del sistema policial provincial.