El lamentable caso que involucró al niño Brahian Maidana, quien resultara afectado con graves quemaduras en su cuerpo tras tomar contacto directo con desechos apostados en predios correspondientes al ingenio Marapa, comenzó a generar coletazos en los ámbitos judiciales y políticos de la provincia.

En referencia al primero de los aspectos, cabe indicar que el el fiscal de la IV nominación de Concepción, Edgardo Sánchez dio curso a una investigación de oficio por las violaciones a las leyes ambientales que normativizan a la comarca.

A ello hay que agregar que, en la causa llevada adelante por los padres del menor, caratulada como "lesiones gravísimas y daños", lo que se procura es determinar la responsabilidad de los propietarios de la empresa azucarera. En caso de obtener un fallo contrario a sus intereses, se estaría hablando de una condena que podría acarrear hasta ocho años de cárcel.

Paralelamente, en la jornada del miércoles pasado, ingresó en la Legislatura tucumana un pedido de interpelación al Secretario de Medio Ambiente de la gestión alperovista, Alfredo Montalván, acción impulsada desde el bloque radical conformado por Ariel García y Silvia Elías de Pérez.

El objeto de la medida solicitada radica en poder dilucidar la omisión de clausura del predio del mencionado ingenio, además de abarcar cuestiones relacionadas con la contaminación de la Cuenca Salí Dulce y sus derivaciones en el conflicto con la vecina provincia de Santiago del Estero.

Según lo indicado por García, al momento de fundamentar las razones de la interpelación solicitada, "los tucumanos tenemos derecho a saber porqué las consecuencias de la contaminación fronteras afuera de la provincia y también en nuestro territorio, no puede ser atenuada por una verdadera política ambiental, porque estamos hablando de uno de los derechos humanos de tercera generación, cuya preservación está expuesta en las constituciones nacional y provincial".

Siguiendo esta línea de razonamiento, el correligionario adujo que "la presentación del funcionario ante los legisladores no puede eludirse, porque se trata de una cuestión que apunta a la seguridad pública de los tucumanos".

El parlamentario expresó, a su vez, que "tampoco se trata de una cuestión menor el manejo de los recursos, enviados desde la Nación, a fin de que las industrias de la provincia los inviertan en planes de reconversión industrial para la producción limpia", convenios firmados durante 2011.

“Sólo con la aplicación de tecnología, la inversión y los controles necesarios, podremos revertir esta situación, pero para ello, los funcionarios tienen que entender el sagrado deber del bien común y no mirar hacia el costado. Menos cuando los perjudicados son miles de comprovincianos", espetó García.