Tal como lo adelantó adnciudad.com el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Maurcio Macri, firmó un decreto para derogar la normativa 1620 que enmarcaba el procedimiento interno que debía llevar adelante el titular del Poder Ejecutivo previo a la elevación de la propuesta a la Legislatura para nombrar a los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al Fiscal General, al Defensor General y al Asesor General Tutelar (ver nota).

Ahora el diputado de la Ciudad y presidente de la Comisión de Justicia, Gerardo Ingaramo, respondió a las críticas manifestadas por organizaciones no gubernamentales en referencia al mencionado decreto.

"El cambio de normativa es acertado, ya que la autorrestricción que suponía el decreto anterior duplicaba los procedimientos existentes y sólo provocaba dilaciones innecesarias", señaló Ingaramo y agregó: "El conflicto de poderes desatado por el entonces nombramiento Daniela Ugolini en la máxima instancia judicial es una prueba del retroceso que suponía atenernos a la normativa anterior".

"La decisión de Mauricio Macri es jurídicamente correcta, por cuanto por vía de un decreto derogó otro anterior del mismo tipo y calidad, lo que comúnmente se conoce como paralelismo de las formas", argumentó Ingaramo.

"El único efecto práctico del decreto anterior era duplicar procedimientos por cuanto la publicidad y las objeciones referidas a los candidatos están previstas por ante la Legislatura Porteña", agregó el presidente de la Comisión de Justicia, retrucando el argumento mediante el cual las ONGs sostienen que la norma anterior transparentaba los procesos de designación de jueces para el TSJ.

"La decisión de Mauricio Macri va en consonancia con el fallo emitido por el Tribunal Superior de Justicia el pasado 18 de agosto en referencia al conflicto de poderes", finalizó el legislador porteño de PRO.