En la última sesión del Concejo deliberante Echeverriano la cuestión (y controversias) en materia de seguridad acapararon la atención de los ediles que cruzaron planteos de fondo sobre la nocturnidad a raíz de la presentación de un proyecto de resolución que solicitaba un informe sobre los “hechos ocurridos el 21 de agosto, y dado a conocer por el programa GPS de América TV”, presentado por el concejal de Unión pro, Fernando Sousa, que se hizo eco de las imágenes transmitidas por el programa que conduce Rolando Graña, y que en la oportunidad dio lugar a conjeturas sobre el control policial de la noche, los bares y asimismo los permisos de los locales nocturnos en Esteban Echeverría, principalmente en Monte Grande.

El tema abrió el debate entre los ediles, algunos de ellos que acusaban una manipulación mediática y ediciones que nos e correspondían con la fisonomía de la ciudad cabecera del partido.

En este sentido, la concejal del bloque Ari, Patricia Gramajo resaltó que “vi el programa, en principio el hecho ocurrió durante el mundial, no el 22 de agosto, además en la edición se veían tais, calles que no eran de Monte Grande”. A esta cruzada se sumaron los dichos del concejal Vecinalista Pablo Losada quien declaró “como periodista, conocer las picardías de los medios” y sentando constancia de la buena fe del responsable de la comisaría primera de Monte Grande y pidió “no dejarse manipular” por los medios.

“Yo no tengo nada en contra del Jefe de la Distrital o la comisaría, por el contrario, agradezco la buena predisposición del personal policial que incluso vino a este recinto, pero creo que no hace mal pedir un informe”, destacó el autor del proyecto. Finalmente el tema fue girado a la Comisión de Seguridad.

Además se aprobó un pedido de redistribución de de la asignación de l recorrido de los nuevos móviles policiales por zonas intransitables. También en materia de seguridad se aprobó un pedido de informe al Ministerio de Seguridad sobre el presupuesto asignado a la Policía Distrital.

En otro sentido se aprobó la implementación de un curso de lenguaje de señas a los trabajadores municipales. Un pedido de informe sobre presuntos abusos de autoridad o maltrato hacia profesionales psicólogos matriculados y una modificación al recorrido de colectivos línea 501 y 394.