Publicado el 20/07/2012 - El trabajo de profesionales de la División Delitos Económicos sobre una cuenta del Instituto de Seguridad Social para Profesionales de Santiago del Estero (Isspse), permitió establecer que en sólo dos años se triplicó el monto de dinero cuyo destino sería incierto.

Según refleja el informe que obra en el expediente, los contadores detectaron una diferencia entre los pagos de sellados y la documentación respaldatoria de esas operaciones de $ 43.982 durante el año 2009.

Esa cifra ascendió a $124.082 durante 2010 y trepó a $ 129.067 durante todo el año pasado. En consecuencia, los peritos informaron a la Justicia que existe un aparente desfalco de $ 297.131.

Libros analizados

Tal como se indicó oportunamente, se evaluó una sola cuenta que están registradas en los libros Diario y Mayor de sellado, más allá de que se verificara que los pagarés que firmaban los afiliados que recibían un crédito personal del instituto como garantía, estuvieran debidamente sellados y se hubiera tributado el impuesto provincial correspondiente.

Con ese informe, el juez a cargo de la investigación, Miguel Ángel Moreno, tenía los elementos probatorios necesarios para fundar la imputación que efectuó contra el ex responsable del área contable, financiera y administrativa del Isspse, Antonio Martín y contra el gerente general de la institución, Jorge Acosta.

Compra de un vehículo

Según trascendió, restaba que una concesionaria de automotores de esta ciudad enviara por escrito un informe que había solicitado el magistrado para completar la etapa probatoria.

Esa medida tiene directa relación con una transferencia de dinero que habría realizado el CPN Martín desde una cuenta corriente del Isspse a la empresa.

Los funcionarios quieren saber qué destino tuvo esa remesa de dinero y si la operación comercial tiene relación con la compra de un vehículo.

Si fuera así, los funcionarios quieren saber quién era el titular de la unidad adquirida, pues los cero kilómetro deben patentarse antes de salir de la concesionaria.

Por otra parte, un grupo de cinco abogados se constituyeron como querellantes particulares en razón de que argumentaron que son directos aportantes y futuros beneficiarios previsionales del instituto, lo que fue aceptado por el juez.

En esa presentación, expusieron el motivo de su interés de conocer los pormenores de la causa y a la vez sugirieron varias medidas procesales, las que serán evaluadas luego de la feria por el juez Moreno.l