El último informe expuesto por la Auditoría Interna Transitoria, que se está desarrollando en la Cámara de Diputados y averigua sobre las supuestas irregularidades sucedidas en la gestión de la ex presidenta legislativa Alicia Mastandrea, disparó datos graves con respecto a la contratación y función que cumplía la ONG misionera Ecoambiental.

Según lo revelado, la cuestionada asociación contratada por Mastandrea, percibió la abultada cifra de $540 mil, sin ningún tipo de contraprestación.

Sin tareas comprobadas, y evidenciado esto por el trabajo investigativo realizado por Daniel San Cristóbal, se remarca que «lo irreal de las actividades legislativas que se atribuye Ecoambiental queda expuesto en su irrelevancia en el recinto de sesiones y en las comisiones legislativas específicas».

Las anomalías se inician desde la firma de contratación de Ecoambiental, ya que se habrían hecho sin el marco de la normativa vigente, que establece deber ser objeto de una licitación pública, y que la excepción del caso no fue correctamente argumentada por los funcionarios legislativos.

No suficiente con esto, la reglamentación jurídica correspondiente en tales procedimientos también fue dejada de lado y, según el informe, «no se acredita personería ni representación invocada por parte de Ecoambiental, no se consignan datos filiatorios de los firmantes y no se constituyen domicilios ni se fija el derecho aplicable».

sanchez apoya

la investigacion

Sobre el escándalo, los actuales diputados prestaron su postura respecto al caso. Ricardo Sánchez, presidente de la bancada justicialista, expresó: «Esto irremediablemente deja mal parada a la Cámara de Diputados». No obstante, asegura que desde su bloque brindan su total apoyo para con la auditoría, y para que siga operando en pos de descubrir todas las irregularidades que tuvieron lugar en el Poder Legislativo chaqueño. «Cualquier problema que sea encontrado debidamente, el presidente Bergia tiene todas las facultades para actuar en consecuencia, sin que el cuerpo se meta y opine».

Ante lo llamativo de que investigaciones previas efectuadas por el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Provincia no lanzaran estos escandalosos datos, ni tampoco fueran cuestionados previamente por ningún diputado, Sánchez manifestó que esas tareas «fueron de manera formal, y no tuvieron el objetivo de averiguar sobre las prestaciones que se dieron, lo que sí fue profundizado por la auditoría».

los cuestionamientos de maldonado

Desde el otro bando, el diputado aliancista Hugo Maldonado dijo: «Si hay una auditoría, desde mi punto de vista tiene que contribuir al normal desarrollo de la Cámara». A la vez criticó a San Cristóbal, encargado de la investigación, a quien se refirió como «responsable político que toma esta cuestión para tener protagonismo mediático cada vez que presenta lo que hace».

Por otro lado, dijo que lo que está sucediendo «contribuye a una clásica actitud de poner en sospecha, de calificar los trabajos de los diputados», y que responde a «una clara intención de San Cristóbal, que formó parte del cuerpo que ahora investiga, y de Capitanich, que buscan acumular poder para ellos mismos y así debilitar al Poder legislativo».

Sobre las acciones que tendrán lugar luego de expuestas las irregularidades, no se brindaron novedades al respecto.

Habría quedado todo en manos del Tribunal de Cuentas, que instrumentará acciones que serán puestas a disposición del actual presidente Juan José Bergia.