El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Tomás Mustapich, hizo una oportuna aparición pública para dejar expresada la posición del máximo organismo judicial respecto de una cuestión no menor: la forma de comunicar a la comunidad -a través de la prensa o mediante otros canales- situaciones de interés público que quedan en la órbita de los funcionarios de ese poder.

Del mismo modo se expresó después el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad César Rodríguez, luego de que el procurador general Mario Bongianino llevara una curiosa sugerencia a sus subordinados, los fiscales, a quienes aconsejó que no brindaran datos al periodismo.

El extraño e injustificado planteo del procurador, sonó más preocupante todavía porque lamentó que trascendieran datos de algunas causas judiciales.

Mustapich, en ese sentido, acertó al dejar bien en claro que “tiene que haber una palabra oficial”, justamente porque es lo que permite que los rumores, trascendidos, versiones inventadas o exageradas pierdan fuerza frente a los hechos concretos.

El límite de la información pública respecto de una causa judicial está establecido por la ley, la lógica y el sentido común: los funcionarios, desde ya, deben proteger aquellos datos cuya difusión puede perjudicar una investigación o puede revelar ante la ciudadanía identidades que deben ser resguardadas, ya se trate de menores de edad o de personas que de ese modo pudieran ser revictimizadas.

Pero al margen de esos casos, y cuando se trata de expedientes con una genuina vinculación con la cosa pública, no hay motivos para que el Poder Judicial oculte información y convierta a sus funcionarios en privilegiados conocedores de datos y precisiones que se le retacean al resto de la sociedad.

En nuestra provincia debieran imitarse los avances que en ese sentido se han registrado a nivel nacional durante los últimos años, a partir de la decisión de una Corte Suprema de Justicia convencida de que la comunicación se ha vuelto una herramienta clave y de la necesidad de mantener un constante ida y vuelta con el periodismo y con la ciudadanía, porque ese vínculo es también un modo de crecer institucionalmente, de enriquecer ideas, de educar y de generar conciencia.

La Corte tiene -por ejemplo- una página en Internet (http://www.cij.gov.ar) donde funciona el Centro de Información Judicial, que anoticia cuestiones centrales relacionadas con el Poder Judicial, desde jornadas y disertaciones, hasta sentencias y jurisprudencia.

Frente a esa realidad, los dichos de Bongianino -corregidos oportunamente- sonaron como salidos de otros tiempo.

...y una de arena...

La actividad política -alguna vez definida como el arte de lo posible- supone el objetivo último, ideal, de mejorar la calidad de vida de las personas, por lo que son bienvenidos el interés masivo y una participación amplia de quienes están involucrados en los asuntos públicos y persiguen un destino colectivo mejor.

Hay indicios a mano de que están siendo revisadas y contradichas determinadas características propias de la última de las dictaduras militares que soportó el país y de la particular década de los ‘90, en que se acentuaron aún más algunas de las costumbres heredadas de aquellos años de plomo (el “no te metás”, el individualismo, la indiferencia respecto de la suerte del otro).

Dicho está, entonces: bienvenido el interés por los asuntos de todos, bienvenida la politización y bienvenida la confianza en la posibilidad de gestar proyectos colectivos.

Eso no implica que, como viene ocurriendo muy especialmente en la provincia, cada actividad, decisión, opinión u organismo tenga que someterse a una batalla en la que no es la politización lo que triunfa, sino en todo caso una partidización o una puja de intereses sectoriales y personales.

Algo así se percibe en el espectáculo que se vive en Santa Rosa alrededor de las comisiones vecinales, con prácticas clientelares al servicio de algunas listas para cautivar votos, alianzas inexplicables a no ser que se las justifique desde el oportunismo, acusaciones cruzadas y la omnipresente sospecha de que hay trampas, mentiras y maniobras ventajeras.

Un contexto similar se adivina a veces en los entramados del poder político provincial, donde los actores públicos dejan reinando la duda respecto de si algunas propuestas son el fruto de un real interés por el destino de los ciudadanos o son apenas movidas de ocasión con el objetivo de poner palos en la rueda de contricantes sectoriales.

Lo más lastimoso es que ese tipo de comportamientos, en general, se producen jugando con las ilusiones de la gente común.

En la Cámara de Diputados es indisimulable que algunos legisladores oficialistas a veces parecen movidos sobre todo por su afán de diferenciarse del gobernador con quien, aunque es del mismo partido e incluso de la misma línea interna, tienen serias desaveniencias.

Esa conducta incluye, en ocasiones, advertencias, promesas que se sabe que no se cumplirán, veladas amenazas, compromisos que se violan, o hasta ideas que suenan extorsivas.

Durante la semana que se fue, los jubilados que habían sido entusiasmados con la posibilidad de un recálculo en sus haberes, terminaron desesperanzados porque el PJ -algunos de cuyos integrantes habían generado esas expectativas- no quisieron incluir una respuesta al reclamo.

Es en ese contexto que medidas que se plantean como políticas de Estado -un ejemplo de la semana que se fue: más poder a Pampetrol- despiertan serios interrogantes, porque se perciben como ardides para posicionar a determinados sectores o personas, mucho más que como ideas que persiguen el bien común.