En realidad, no se han puesto en juego las estrategias mínimas para ponerle fin: carísimos prefectos en desfile y una carpita de morondanga como Centro de Operaciones han hecho poca mella.

¿Habrá que cambiarle el nombre a la ciudad que fue el destino de tantas familias que durante más de cien años buscaron una tierra donde afincarse? ¿Será que esta será una tierra invivible? ¿Una ciudad profundamente infeliz?

No es bueno pensarlo, pero cualquiera sabe que cada vez son más los barrios donde efectivamente no se puede vivir, donde los habitantes abren las puertas de la casa únicamente dos veces al día, para salir y retornar del trabajo. Se contrata vigilancia privada, aunque nunca se termine de saber qué hará el empleado en cuestión cuando se presente la banda de maleantes que le dispare a quemarropa.

La sociedad clama por una salida efectiva, y el municipio gasta dinero que consigue de todas las bolsas posibles. La cuestión es: ¿en qué? La ciudad, bella por donde se la mire, tiene absolutamente de todo, menos seguridad para andar por la calle. Nadie puede pasear por la rambla ni caminar por la costa. Los comerciantes prefieren cerrar las puertas a perder la vida.

El Plan Integral de Seguridad Ciudadana se suscribió el 11 de mayo de 2009 entre la Municipalidad de General Pueyrredon y la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Formaba parte del Programa Integral de Protección Ciudadana, que preveía una inversión millonaria que mejoraría las condiciones de seguridad de un número importante de municipios de la provincia de Buenos Aires. El objetivo era financiar la incorporación de recursos y tecnología aplicables a la prevención y el esclarecimiento de delitos.

Del total previsto, la municipalidad había recibido en junio de 2009 el 50%, es decir $13.882.495. Hasta el momento, son varios los sectores que solicitan la rendición de cuentas del dinero mencionado, considerando que los objetivos del plan no están ni cerca de ser cumplidos.

Los Vecinos Autoconvocados por Seguridad y Justicia, que participan del Foro Municipal de Seguridad, presentaron formalmente su reclamo ante el cuerpo legislativo local. En síntesis, afirman que los gastos que se computan al Plan Integral en la página web municipal no se condicen con la realidad, porque los bienes previstos no fueron entregados o difieren en número y cantidades. Dicen ellos que hay una notoria diferencia económica entre las sumas rendidas a la Jefatura de Gabinete de Ministros y las que se presentan al Concejo Deliberante para su aprobación, y por lo tanto se consignan en la página. El sistema de monitoreo satelital por GPS para los patrulleros, por ejemplo, no se ha instrumentado, ni hay un pliego de bases y condiciones para su licitación. El Ejecutivo, en cambio, pretendía adquirirlos para los taxis, que son particulares, y no incluir los 200 que necesita la policía.

Se compraron 1.000 equipos Nextel que se suponía vendrían a armar la Red de Alerta Vecinal. De esa cantidad, sólo 200 fueron a los móviles policiales, y menos de 30 a los foros vecinales. Nadie sabe quién tiene los demás. La Municipalidad, no sabe, no contesta.

Inútilmente

El programa preveía, además, la creación de un Centro de Operaciones Municipal para coordinar y monitorear el funcionamiento general, es decir las 360 cámaras que de seguridad que también debieron haberse instalado. Debía estar operado por personal policial retirado que sería contratado. Pero hasta el momento, ni planes hay para su real instalación.

Por su parte, la Municipalidad dice que tiene un centro de operaciones, pero se trata de un habitáculo de lona que está en Plaza España, y que es operado por dos civiles. A pesar de su precariedad, ha costado $330.000, sin ningún resultado.

La Municipalidad dice también haber pagado $2.100.000 por la compra de 21 vehículos que serían utilizados como patrulleros pero, en un comunicado de prensa, el secretario de Gobierno Ariel Ciano habló de la compra de 20 patrulleros. Es decir, falta uno. Un coche, sí, uno que se pagó con fondos del Plan Integral y que sería inidentificable. Como si fuera poco, un informe consigna que los vehículos que actualmente utiliza la policía no pasarán la VTV prevista para marzo próximo, lo cual depararía un colapso de seguridad que nadie parece ver venir. La Municipalidad, tampoco sabe ni contesta.

En lugar de contratar los 270 policías retirados que se había previsto en el plan, el Ejecutivo procedió a establecer un convenio con la Prefectura Naval Argentina, a la que se le paga alojamiento y viáticos para que actúe por su propia cuenta. Sus fuerzas no responden a la policía local, no efectúan detenciones, y se limitan al control vehicular. Realizan esta tarea en espacios céntricos y utilizando fusiles FAL, armas de altísimo impacto que podrían generar una tragedia en cualquier momento: sus proyectiles pueden recorrer miles de metros, perforar acero y concreto.

Ni hablar de la licitación para la instalación del sistema de video seguridad previsto en el Plan, que pende de un hilo, ya que el único oferente fue la firma Global View, que presupuestó valores que exceden con creces los de plaza: $95.000 por cada una de las 65 cámaras, con mantenimiento por tres años. Su sala de monitoreo no estará dentro del Centro de Operaciones municipal, y tendría un acceso restringido sólo a sus operadores, que no son policías entrenados en la detección de delitos. Tampoco queda claro si esas cámaras son alquiladas o pasarán a propiedad del municipio. Implicaría un desembolso de $5.689 000 para no resolver nada. Por eso se ha propuesto que se declare desierta la licitación mencionada.

Responsables

Luego de que se hiciera pública su designación como coordinador del Programa de Protección Ciudadana que ejercerá en el municipio, el abogado César Ventimiglia aseguró que su esfuerzo estará dirigido a articular los recursos existentes en la ciudad que estén asociados con la problemática de la seguridad.

El abogado, además de pertenecer a la ONG Acción Ciudadana, tuvo una participación notoria a finales de los '90, cuando fueron creados los Foros de Seguridad en la provincia, que establecían, entre otras cosas, mecanismos de control ciudadano.

Aquí, en la ciudad, lo primero que se ha dicho es que él fue titular de un Registro de Automotor que perdió en una situación poco clara, que no se termina de desenmarañar. A todas luces, el intendente Gustavo Pulti sigue enfrentando la inseguridad con manotazos de ahogado, mientras otros –vaya a saberse quiénes- dan manotazos para su propio costal.

La sola mención del dinero del Plan remite a la denuncia que en su momento presentara el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani en referencia a los $13.800.000 que llegaron para seguridad, y están en una suerte de limbo, del que deberá sacarlos el fiscal a cargo de la investigación, Claudio Kishimoto. La presentación de Prefectura en el expediente arroja datos impactantes. La fuerza señala que ha dispuesto dinero de su propio presupuesto: al último día de septiembre, la suma ascendía a $10.000.000 para gestionar su desempeño en la ciudad. Prefectura sostiene que nunca recibió dinero para los gastos del helicóptero que sobrevoló la ciudad por algo más de un mes, y detalla las dificultades que halló para alojar a sus hombres en los hoteles de Chapadmalal, así como las distintas tareas operativas que debieron llevar a cabo, que no estaban previstas.

Con varios barrios cerrados por duelo, la ciudad infeliz no alcanza a sepultar sus muertos, ni a secar las pancartas de reclamo. Una tras otra, las víctimas padecen la desidia de los que no cumplen con eficiencia los roles necesarios. Mientras tanto, ellos creen que la bella postal alcanza para seguir siendo felices por un verano más. Pero no.