El Congreso es el cauce del diálogo democrático y un DNU, dictado en la soledad de un despacho presidencial, no puede sustituir ese diálogo.

En los últimos meses, la presidenta Cristina Kirchner y varios ministros sostuvieron una idea peregrina: en un escenario donde el Poder Ejecutivo perdió el dominio de una de las cámaras legislativas, el jefe del Estado puede usar el DNU para esquivar al Congreso. Para la Corte, esa lectura de la Constitución no es válida.

La Corte recordó que luego de que Carlos Menem abusó de los DNU en los primeros años de su mandato, en 1994 se introdujo expresamente ese mecanismo en la Constitución para limitar el presidencialismo, no para fortalecerlo.

En 1998, la Corte, que entonces presidía Julio Nazareno, dictó el caso Verrocchi y remarcó esa excepcionalidad de los DNU. Ayer, la Corte, con otra composición, revalorizó aquel fallo, pero lo hizo en un contexto de mucha mayor crispación y autoritarismo.

También, en forma elíptica, la Corte, últimamente maltratada por el Gobierno, le dio un respaldo implícito a la oposición para que intente aprobar una nueva ley que permita establecer un mejor control legislativo a los DNU.

De ahora en más, si el Poder Ejecutivo dicta un DNU por simple conveniencia política, para esquivar el Congreso, la Corte -y los jueces inferiores- debería declararlo inválido.

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Durante las últimas semanas, la Presidenta, el ex mandatario Néstor Kirchner, varios ministros y los medios más cercanos al Gobierno le hicieron sentir a la Corte una fuerte presión en favor de que rápidamente hiciera lugar a un recurso del Gobierno para dejar sin efecto una medida cautelar dictada en Mendoza que paraliza la aplicación de la ley de medios.

Es probable que la Corte, en este caso particular, acceda al planteo oficial, pero eso no ocurrirá pronto y la ley de medios audiovisuales, tal como la imaginó el Poder Ejecutivo y la urdió el Congreso en medio de un muy confuso trámite legislativo, tiene destino de archivo.

Una presentación de la diputada salteña Beatriz Daher, que mereció una medida cautelar de otro juez federal salteño, muestra las implicancias que la aprobación irregular de la norma puede tener en la creación de un espacio plural de plena libertad de expresión. La oscuridad de aquel trámite jamás pudo alumbrar una buena ley.

Pero, más allá de las dificultades que la Corte pueda encontrar para ejercer el control judicial sobre el trámite legislativo de la ley, nadie duda de que el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que suspendió el plazo de desinversión de un año puso el dedo en la llaga: el Congreso, ni siquiera mediante una ley, puede desconocer el derecho de propiedad de los medios a explotar sus licencias.