Sorpresivamente, ayer al mediodía el oficialismo convocó a sus pares de la oposición a una reunión de Labor Parlamentaria para las 19, con el motivo de acordar la realización de un nuevo encuentro en el recinto (el último había sido el miércoles). En principio, los legisladores no tenían previsto volver a sesionar hasta agosto, teniendo en cuenta el receso administrativo por las vacaciones de julio. Sin embargo, desde Casa de Gobierno les advirtieron que necesitaban un aval parlamentario de manera urgente.

Puntualmente, cuando el oficialismo aprobó en diciembre la extensión por un año más de la ley de emergencia económica que rige desde 1991 -impide las ejecuciones contra el erario-, solamente prorrogó hasta el 30 de junio de este año la declaración de inembargabilidad de las cuentas provinciales, municipales y comunales.

Esa flexibilización del estado de excepción trajo aparejada una obligación para el Poder Ejecutivo. Según el artículo tercero de la Ley 8.228, se estableció el "Principio de la Previsibilidad de las Finanzas del Estado Provincial", en mérito al cual se determinará el monto máximo destinado en el presupuesto anual al pago de la deuda provincial. Paralelamente, el Poder Ejecutivo, en el plazo que venció el 30 de junio, debía elaborar un Registro de Acreedores con la individualización de cada deuda con sentencia firme, además de los requisitos que se debían fijar por vía reglamentaria (origen, antigüedad, legitimidad de la deuda, entre otros). En el mismo plazo, tenía que elaborar propuestas de pago con determinación de los recursos necesarios.

"La convocatoria a sesión es al sólo efecto de modificar el artículo segundo de la ley, para prorrogar por otros 90 días la inembargabilidad de todos los recursos provinciales, municipales y comunales", sintetizó el presidente del bloque de legisladores oficialistas, Roque Tobías Alvarez. El alperovichista precisó que será el único tema de la sesión, que en esta ocasión comenzará a las 9 (habitualmente los debates arrancan a las 8).

Nueva estrategia

En diciembre, cuando se flexibilizó la emergencia económica, la Provincia tuvo en cuenta una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia provincial que declararon la inconstitucionalidad de la reconsolidación de las deudas.

Según las proyecciones que se hicieron en oportunidad de la sanción de esa norma, de no regir la emergencia económica a las cuentas públicas le lloverían órdenes para trabar embargos por una cifra no inferior a los $ 200 millones.

En marzo, dentro de ese contexto, el oficialismo legislativo autorizó al Poder Ejecutivo a ampliar la emisión de bonos de Conversión y Saneamiento de Empréstitos Provinciales (Consadep), el instrumento con el cual se abonan los juicios. La serie III de los títulos públicos se dispuso por un valor total de U$S 100 millones. Sin embargo, en la sesión del 16 de junio, la Cámara debió corregir esa norma, puesto que los valores tienen un plazo final de rescate hasta mediados de 2020, pero el texto sancionado establecía como tope el 31 de diciembre de ese año.

Ayer, la extensión de la declaración de inembargabilidad de las cuentas obtuvo dictamen favorable en la comisión de Hacienda y Presupuesto, que integran solo legisladores del oficialismo.