Así lo denunció el ex concejal y presidente de la asociación Alihuén, Leandro Altolaguirre, al advertir que con esta polémica obra, la provincia y el Municipio están transitando un camino que roza la ilegalidad.

"Si bien el Centro Cívico y el espacio Caídos en Malvinas son propiedad de la provincia, en el Código Urbanístico el sector donde están los juegos infantiles está demarcado como 'espacio verde'", señaló ayer el ex concejal al opinar sobre la forma en que se está encarando la construcción del centro cultural Medasur. "Si se quiere utilizar ese lugar (el predio de avenida Belgrano y Corrientes) para otra cosa que no sea un espacio verde, es decir, si se quiere cambiar el destino de uso al suelo, lo primero que hay que hacer es modificar esta norma, el Código Urbanístico", explicó.

"Todo cambio de uso del suelo en la ciudad demanda una audiencia pública", aseguró el ex edil. "En esa audiencia pública, para respaldar ese cambio de uso del suelo se debería tener como mínimo con un estudio de impacto ambiental que muestre cuál va a ser el costo que va a tener en lo ambiental, en lo visual, en lo socio cultural, la pérdida del valor que hoy tiene ese espacio verde".

"Este caso entra en lo que se conoce como intereses difusos o intereses colectivos, que representan el derecho de todos los ciudadanos a defender aquello que no les pertenece en forma directa sino que es de todos. El acervo cultural, el paisaje, el medio ambiente, no son de nadie en particular sino que son de todas las personas, por eso hablamos de intereses colectivos", recordó.

Otras leyes.

En respuesta a las consideraciones del subsecretario de Ecología, Darío Mariani, de que Medasur no demanda un estudio de impacto ambiental, Altolaguirre señaló que existen otras leyes, aparte de la Ley Ambiental Provincial 1914, que sí contemplan un estudio de esta índole para situaciones como la que está en debate. "Es el caso de los intereses difusos y los derechos colectivos", reiteró Altolaguirre. "Tiene razón Mariani en que el anexo de la ley 1914 no contempla estas obras, pero no hay que hacer una lectura tan restrictiva de esa ley, y además, hay otras leyes que hablan de estudios de impacto ambiental, que los mencionan o incluso obligan a hacerlos". Por ello, para Altolaguirre, el estado actual del tema "hace casi obligatorio realizar un estudio de impacto ambiental" sobre el impacto que tendrá la construcción de ese gran edificio en un lugar donde ahora existe un concurrido parque infantil.

Demanda.

La defensa de los intereses colectivos fue planteada por un grupo de vecinos en la acción de amparo que presentaron a fines de noviembre. En el caso de Altolaguirre, unos días antes de ese amparo presentó una demanda penal contra las autoridades municipales por haber violentado, presuntamente, las ordenanzas y legislación que están obligados a respetar y a hacer respetar.

En esa demanda, Alihuén pidió al Ministerio Fiscal que analice el presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público" cometido por las autoridades comunales al autorizar la desaparición de un espacio verde, aprobar los planos de una obra que se quiere hacer en un lugar no permitido, y restringir la circulación de los ciudadanos por espacios de libre circulación.

En un primer momento, el fiscal general Guillermo Sancho rechazó el pedido, pero Alihuén insistió unos días después. Planteó nuevos argumentos y se remitió al amparo que en la órbita civil había concedido la jueza Susana Fernández, medida en que la magistrada mencionó algunos de los argumentos que había esgrimido Alihuén.

"Después de esa presentación rechazando el archivo de la causa, no hemos vuelto a tener novedades", indicó Altolaguirre. "Suponemos que cuando termine la feria judicial, el tema se va a reactivar", especuló.