Las noticias locales de diciembre de 2018 daban una buena noticia en cuanto al embellecimiento de una de las perlas del partido de General Pueyrredon, con la inauguración del arco de acceso a Laguna de los Padres. Bajo la gestión del entonces delegado Ricardo Gabbin y con la colaboración desinteresada de allegados suyos, la obra realizada con troncos se presentó como una donación con costo cero para las arcas municipales.

Pero algo cambió dos años después: uno de los particulares presentó un reclamo formal por el pago de la obra por un monto total de $274.880 más intereses, gastos y honorarios, lo que fue categóricamente rechazado en un reciente decreto del intendente Guillermo Montenegro, lo que ahora habilita al demandante a acceder a la vía judicial.

En aquella inauguración del 10 de diciembre de 2018, con participación de alumnos de la Escuela 48 y Bomberos Voluntarios y coincidente con los tres años de la asunción de Arroyo, había llamado la atención la realización de una obra por fuera de la participación de las dependencias municipales involucradas en este tipo de emprendimientos. No hubo licitación ni contratación ni presupuesto, en lo que parecía un aporte desinteresado a la comunidad, vía gestión del delegado Gabbin, que buscaba dejar su sello en su paso por la delegación.

Todo ello, sin embargo, cayó en saco roto con la carta documento que en julio de este año envió Juan Alberto Sarmiento a la Municipalidad de General Pueyrredon, reclamando el pago por la construcción del arco. En una primera respuesta mediante otra carta documento, el gobierno dijo carecer de datos que permitan identificar los reclamos formulados. La contestación de Sarmiento no se hizo esperar: planteó los antecedentes de la obra en un expediente (el 5786/9/2018), pero la Comuna argumentó que allí no existen constancias del reclamo formulado, cerrando el intercambio epistolar.

Ello dio paso, en septiembre, a un Recurso de Revocatoria formulado por Sarmiento y rechazo el pasado 26 de octubre mediante el Decreto 1702/20 del intendente Montenegro. Allí se consigna que la demanda “no puede prosperar ya que en modo alguno la voluntad del ex funcionario Ricardo Gabbin, por si sola, no puede comprometer al estado Municipal”, debido a que el exdelegado habría prometido una remuneración para los constructores.

También se destacó que “los únicos procedimientos administrativos legítimos para la ejecución de obras públicas son las contrataciones directas, concurso de precios, licitación pública o licitación privada”, por lo que “al haberse soslayado todos los procedimientos legales de contratación establecidos por la normativa vigente, la voluntad de la administración pública no puede quedar comprometida por la mera manifestación de un funcionario sin competencia para ello”.

Al cerrar la vía administrativa al reclamo, Sarmiento ahora quedó habilitado para avanzar hacia la vía judicial, con una demanda ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo. Las desprolijidades bajo la gestión de Arroyo, a casi un año de irse del gobierno, podrían sumarle nuevos costos al erario público.