Una oleada de voces en contra está despertando en Mendoza la normativa del gobierno nacional que exige a los empresarios antes de comprar productos importados realizar una declaración jurada anticipada ante la AFIP.

Si bien, en estos días se terminará de precisar qué organismos del gobierno llevarán a cabo los permisos y controles, lo cierto es que será la Secretaría de Comercio la que determinará si el empresario puede comprar el producto importado que quiere comercializar.

Para los operadores de logística y comercio exterior de la provincia, la medida nacional funcionará a modo de una barrera paraarancelaria que no impedirá las importaciones, pero ciertamente desalentará la compra de productos del exterior.

Según la especialista y empresaria Graciela Rovera, desde el año pasado existían hasta 120 días de atraso para las licencias no automáticas. “La normativa es muy nueva y seguramente tendrá su ronda de consultas. Ya existía burocracia y con esta nueva medida lo que se busca es desalentar a las importaciones. Si bien es un paso para el Gobierno nacional para sanear su balanza comercial y también para sustituir importaciones para beneficiar a la industria nacional, lo cierto es que hay productos que no se pueden reemplazar porque Argentina no los fabrica”, subrayó Rovera, de Graciela Rovera + Negocios.

En el caso de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, su gerente, Mario Bustos Carra, afirmó que “se trata de un nuevo paso para evitar la fuga de divisas. Pero éste no es el método, si la gente se sigue refugiando en el dólar es porque no confía en el sistema.

El objetivo de preservar un saldo comercial positivo que, a su vez, asegure dólares al Banco Central y permita al Gobierno insistir en su postura de usar reservas para cancelar deuda. En nuestro caso tenemos empresarios asociados a nuestra entidad que antes del 10 de diciembre han pedido máquinas cosechadoras y aún están esperando las autorizaciones. Esta medida es absurda y enfriará el clima de negocios de la provincia”, señaló Bustos Carra.

Los más damnificados

La metalmecánica, las bodegas, las empresas petroleras y ciertas firmas agrícolas pueden ser las primeras impactadas por la nueva normativa del gobierno nacional.

“Hay productos que no se producen en el país y que no se pueden sustituir por ejemplo máquinas, sus repuestos, ciertos insumos para las firmas petroleras y ciertos agroquímicos”, apuntó Sebastián Armani, de Schenker Internacional.

Tampoco hay forma de reemplazar las barricas y los corchos utilizados en la industria del vino.

“Obviamente lo que se busca es desalentar las importaciones. Seguramente esta nueva norma y el tener que realizar declaraciones juradas antes de hacer las compras de productos externos, va a retrasar los permisos de compra.

El año pasado las demoras por parte del gobierno y su burocracia ha ocasionado a los empresarios esperas de permisos y trámites de hasta 6 meses. Ciertamente un bodeguero que debe vender una partida de su vino al exterior en 4 meses, teniendo que esperar más de medio año para que sus corchos estén autorizados a ingresar comercialmente al país, seguramente va a perder su negocio”, remarcó Armani.

Por cierto, no es el único en alentar el posible fracaso de las ventas externas de los empresarios mendocinos.

“En el caso de la ciruela, a veces ha pasado que un año Mendoza produce un tamaño grande y Chile produce frutos más chicos. Lo que se hacía antes era comprar ciruela de Chile por U$S 1.000 para agregarla a la producción local y exportar por U$S 2.000, lo que significa que se agregaba la diferencia de U$S 1.000 a la balanza comercial. Ahora esta normativa realmente desalienta y perjudica a los empresarios exportadores”, concluyó Carra. Por el momento habrá que esperar como se implementa la normativa que ya tiene al 1 de febrero como fecha cierta de puesta en marcha.