Digo maliciosa, porque las disfuncionalidades diarias tienen más que ver con un Estado provincial que no actúa con todos los elementos que posee para hacerlo, que con un funcionario en particular. No cedo aquí en mi crítica hacia Garello; por el contrario, los aspectos que he citado en su oportunidad tienen para mí relevancia personal e institucional. Pero un hombre que preside ese cuerpo colegiado, no puede lanzarse a una crítica sin consistencia y menos a impulsar desde la institución una denuncia en contra del funcionario en debate.

Si hay crítica, es necesario en democracia esperar la réplica. No hacerlo, o como ha hecho Román González, recurrir al colegio provincial buscando castigar a Fernández Garello con una denuncia en la Procuración de la Corte, es como mínimo antidemocrático.

En medio del desbarajuste social que implica una oleada de delincuencia criminal que en este mes ya se cargó a seis ciudadanos, hacerse el ofendido por las declaraciones de Garello, es poco serio. “Nosotros –ha manifestado Garello-, con las fiscalías de Delitos Económicos, desde su creación en 1999, por ejemplo, les hemos formado causa a 61 abogados y hemos condenado, incluso con prisión, a 32. Podemos afirmar que ésta es casi una cifra única en la provincia y bastante sorprendente. Porque todo el problema de la delincuencia no se reduce a la marginalidad social, la exclusión o el robo en la esquina. Hay profesionales que son formados en nuestras universidades con el presupuesto nacional y, en el ejercicio de su actividad cometen delitos contra la misma gente".

Los vecinos de a pie tuvimos que esperar que un intercambio de responsabilidades entre dos figuras institucionales saltara a la luz para que tremendo dato fuera puesto en conocimiento de la sociedad. Y agrega Garello: "La mayoría de casos fueron por administración fraudulenta en perjuicio de sus clientes. También en esas fiscalías se ha investigado a dos camaristas que se fueron con jury, a un juez de paz en Miramar, a un secretario, un fiscal y un defensor oficial. Igual, por disposición de la Procuraduría, a un juez de garantías de Olavarría que vendió una excarcelación y un fiscal de Pinamar. Ninguna correspondería por jurisdicción a Mar del Plata, pero como todos se excusaron, se están investigando aquí. Igual tenemos policías, escribanos, martilleros públicos y de otras profesiones condenados. Esto rompe con la idea de corporativismo y con la de que la Justicia sólo se ocupa del ladrón que se lleva una gallina".

Buena esa, dirían los chicos. Sólo falta mayor difusión. Para que el republicanismo de las palabras de Fabián Uriel Fernández Garello se corresponda con un continente pertinente y democrático.