Este medio explicó que la ley que sancionó la Legislatura porteña el jueves pasado a la madrugada que autoriza al gobierno de Mauricio Macri a lanzar una nueva licitación para la recolección de basura estuvo cerca de caerse por la presión Hugo Moyano.

La norma avanzó luego de que el líder de la CGT acercara posiciones con el PRO tras una reunión que mantuvieron el miércoles a la mañana. En ese encuentro, el macrismo le garantizó a Moyano que haría lugar a un histórico reclamo del número uno de los camioneros.

Se trata del pago de indemnizaciones para unos 4000 trabajadores de la recolección de residuos que Moyano viene exigiendo desde 1998, cuando la empresa Manliba, perteneciente al grupo Socma (relacionado con el Grupo Macri), dejó la concesión de la basura.

Los trabajadores de la recolección argumentan que desde entonces, cuando terminaron las sucesivas licitaciones y el Gobierno volvió a concesionar el servicio, fueron reubicados en otras empresas o incluso en las mismas que lo venían ejecutando.

Pero los abogados de las empresas dicen que no corresponde el pago de las indemnizaciones, puesto que pese a la reubicación los trabajadores siempre conservaron sus puestos y la antigüedad.

Sin embargo, tanto Fernando De La Rúa como sus sucesores en la jefatura de gobierno Aníbal Ibarra y Jorge Telerman firmaron sendos reconociendo que correspondía pagar la indemnización.

Pero los tres jefes de gobierno se salvaron del pago de las indemnizaciones, así como lo hizo Macri durante todo su primer mandato.

Como Macri quería lanzar una nueva licitación tras enterarse de que la que estaba en marcha podía alcanzar los 2800 millones de pesos anuales, no tuvo otra alternativa que sentarse a negociar con Moyano. Diego Santilli le prometió entonces al líder de la CGT que las indemnizaciones se van a pagar.

Pese a esto, el gobierno porteño aún no notificó a las empresas que está negociando con Moyano para el pago de las indemnizaciones. Y como dijeron a LPO desde una de las empresas, el punto de quién debe pagarlas aún es materia de discusión con el gobierno porteño.

Como pudo averiguar este medio, la Ciudad debería hacerse cargo del 90 por ciento, dejando el 10 por ciento restante a las empresas, del monto correspondiente a las indemnizaciones comprendidas desde 1998 a 2005.

En tanto que desde 2005 en adelante, la Ciudad debería desembolsar el 65 por ciento y las empresas el 35 por ciento. El cuadro es complejo puesto que los 4000 trabajadores atraviesan situaciones disímiles debido a los diferentes salarios y tiempo en el trabajo de cada uno. Además, el gobierno deberá contemplar algún índice de inflación para actualizar el monto a pagar.

Como sea, el número que recorre los pasillos a pesar del hermetismo con el que se maneja el tema en el Ejecutivo y en la Legislatura, alcanza los 400 millones de pesos, una suma enorme que el macrismo no contempló en el Presupuesto.