A siete días del Censo Nacional, la oposición buscará hoy jugar una de sus últimas cartas para poner en jaque al Gobierno Nacional. Mientras el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) continúa sus últimos preparativos para el próximo miércoles, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso Nacional buscará hoy mostrar el informe académico que asegura que las estadísticas del INDEC no son confiables y que afirma la “falta de preparación” para el Censo. Será mediante una reunión privada con los representantes de la distintas universidades que elaboraron ese trabajo de auditoría y que todavía no hicieron público.

La iniciativa surgió luego de que Clarín contará en su edición de ayer la negativa del ministro de Economía, Amado Boudou, de recibir el trabajo que realizaron las cinco universidades nacionales (Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Tucumán y Tres de Febrero) que conforman el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES) del INDEC y que critican no sólo la forma de medir la inflación, sino que además ponen en duda la preparación del Censo.

Según confirmó a este diario el presidente de la bicameral, el diputado nacional, Heriberto Martinez (UCR), la reunión con los distintos representantes de las casas de estudio, está prevista para hoy a las 9.30, en el edificio del Anexo del Congreso. “Nosotros realizamos un pedido de auditoría al INDEC, en ese marco, hemos decidido, ante la falta de respuesta del ministro Boudou, invitar a que los rectores o quienes ellos dispongan, nos pongan en conocimiento de los detalles del estudio realizado” , explicó Martínez.

El CAES fue formado en setiembre de 2009 por una resolución del ministerio de Economía, buscando dar transparencia al INDEC, luego de las críticas de la oposición y hasta el FMI. El informe realizado por el Consejo se demoró y hubo denuncias de las universidades de que el INDEC no les daba información . Entre otras cosas, reconoce que las mediciones del INDEC no son confiables , que el IPC contiene serias adulteraciones en el relevamiento de los precios, critica el fuerte incremento del 50% en las contrataciones de persona l y el reemplazo de técnicos especializados por personas con menor calificación.

“Hay que hacer público, de manera urgente el informe secreto y más aún, si habla sobre la confiabilidad del censo”, sostuvo el diputado de la Coalición Cívica, Juan Carlos Morán.“Es muy sospechoso que el Ministro Boudou, que formó el Consejo Académico, no quiera recibir ahora el informe antes del Censo”, agregó.

Según confirmaron fuentes cercanas al rectorado de la UBA, fue el propio Rubén Hallu quién recibió la invitación del Congreso. Si bien no se confirmó su presencia, es posible que la UBA no participe del encuentro , ya que la posición de equipo técnico que participó de l seguimiento del INDEC, es la de mantener la confiabilidad del informe ajustándose al secreto estadístico y que el primero que lo reciba sea Boudou, quien se niega a oficializar ese documento, días antes del Censo.

“Esperamos que nos digan la verdad.

Nosotros no estamos conspirando contra el Censo pero si necesitamos que los rectores nos digan la verdad”, afirmó el senador Luis Juez. “La demora de Boudou es porque sabe que los rectores tienen información y un análisis bastante delicado. Boudou arrancó diciendo que se le quería dar transparencia al INDEC con las universidades pero ahora que quieren opinar, el ministro no las recibe porque no está de acuerdo con lo que van a decir”, disparó Juez.

Autorizan a Shell a subir los combustibles

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la suspensión de la resolución 295 de la Secretaría de Comercio Interior que obligaba a la petrolera Shell a retrotraer los precios de los combustibles a los vigentes al 31 de julio.

Fuentes judiciales señalaron a la agencia DYN que las partes fueron informadas de esa desestimación. Por eso, el Gobierno podría decidir ir a la Corte Suprema para intentar dar vuelta la medida.

La medida había sido dictada por el secretario Guillermo Moreno. Pero Shell objetó y presentó una medida cautelar para que sea revocada la norma hasta tanto pudiera llevar a los Tribunales una demanda de nulidad contra el Estado. El planteo de la empresa fue rechazado en primera instancia pero el 5 de octubre, la Justicia hizo lugar al reclamo y suspendió el congelamiento de los precios, lo que ahora fue confirmado.