Indalo presentó el miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una "acción declarativa de certeza" en busca de que el máximo tribunal le otorgue seguridad sobre la validez jurídica del decreto 1136 del intendente Martín Farizano, a través del cual se adjudicó a la empresa el servicio de transporte público por diez años para la ciudad.

"Lo presentamos porque no queremos que nos obliguen a firmar el contrato si no están dadas las condiciones. Por eso se pide una protección y seguridad ante la firma del contrato", explicó Ismael Infante, gerente de Marketing de Indalo. Y aclaró: “Esta presentación no es contra de la Municipalidad ni tampoco un juicio contra el municipio sino que buscamos certezas de nuestra parte".

Indalo interpuso una acción meramente declarativa contra la Municipalidad de Neuquén ante la Secretaría de Demandas Originarias del TSJ. Pretende que el Tribunal haga cesar el “estado de incetidumbre” respecto de la adjudicación del servicio de transporte público a la empresa. La empresa aduce que en la última etapa del proceso intervinieron dos poderes del Estado (Ejecutivo y Deliberante) con desentendimientos, lo que provoca el “estado de incertidumbre e inseguridad jurídica”.

Indalo solicita que se suspendan los efectos del decreto 1136 que firmó el intendente Farizano y que adjudica el servicio a la empresa hasta tanto se dicte sentencia en la causa. Así, busca frenar el proceso de adjudicación hasta tener la seguridad jurídica del mismo.

Cómo sigue

Frente a la presentación, el TSJ corrió el traslado de la medida de no innovar solicitada por la empresa, a la Municipalidad y al Fiscal de Estado para que en el plazo de cinco días de notificados contesten respecto al tema. Además, se requirieron los antecedentes administrativos de las actuaciones llevadas a cabo en el comuna neuquina.

En el escrito, uno de los motivos que argumenta la empresa es el conflicto que se generó en la última etapa del proceso licitatorio entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, que derivó en lo que Indalo denominó “falta de seguridad jurídica” para la firma del contrato con el municipio y la consecuente inversión que requiere el sistema.

Una vez contestado el traslado se conferirá vista al Fiscal ante el Alto Cuerpo para que emita opinión al respecto en un plazo de cinco días a partir de la notificación.

Luego de que el fiscal conteste la vista, el TSJ deberá resolver como primera medida sobre la procedencia formal de la acción y, en su caso, de la medida cautelar solicitada.

Si es procedente formalmente la acción se ordenará correr traslado de la demanda al municipio y se producirán pruebas de corresponder, para luego dictar sentencia.

Bacci: "Es algo que podía pasar"

Neuquén > Tras conocerse la presentación judicial que realizó Indalo, la subsecretaria del Órgano de Control de Servicios Concesionados del municipio, Julieta Bacci, dijo que se trata de “algo que podía pasar”.

"Todos los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad hasta que se demuestre lo contrario", dijo Bacci. Según expresó, es “natural” que haya pasado esto y que más allá de la presentación que hizo Indalo, el decreto 1136 se debe considerar "válido y vigente".

"Nos parece natural que la empresa, ante los vaivenes y las irregularidades políticas que ha tenido la adjudicación del sistema de transporte, pretenda que por lo menos haya un marco de razonabilidad y seguridad jurídica teniendo en cuenta que en 60 días tiene que invertir 70 millones de pesos", comentó Bacci.

Acciones

"La acción es hacia la Municipalidad de Neuquén y, así como en el amparo, estamos muy seguros de la apertura y transparencia de siempre. También es necesario y útil que se expida el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, el fuero originario en materia administrativa para fortalecer lo que decidió el intendente, que es resolver el sistema de transporte para la ciudad de Neuquén", explicó la funcionaria municipal.

Aclaró que el Municipio sigue adelante con las acciones administrativas que debe hacer para la firma del contrato y puesta en marcha del sistema de transporte. También aseveró que la comuna entregará toda la información necesaria para que la Justicia pueda actuar.

"En los primeros días de la semana que viene se convocará a la empresa para empezar a trabajar en las primeras condiciones del contrato que debe ser suscripto. El municipio sigue adelante luego de un proceso legal, claro y en 60 días debe ser firmado", aseguró ayer Julieta Bacci.