En la causa se encuentran imputados otros tres ex funcionarios de Romero. Se trata de María Patricia Sassarini, Flavio Javier Aguilera y Guillermo Díaz, como así también los representantes de las empresas Eco Desarrollo S.A. y Agropecuaria Cervera S.A.

Hoy se producirá la quinta indagatoria, la de Aguilera, quien debía haberlo hecho el 28 de noviembre pasado, pero pidió una postergación para el 4 de diciembre. Posteriormente, se espera que se siga con los directivos de las empresas implicadas.

Según se supo, la causa se inició a instancia de una promoción penal planteada por el agente Fiscal 1, Eduardo Barrionuevo, a mediados del año pasado, luego que el

Gobierno Provincial declaró lesivo a los intereses del Estado el contrato de concesión de tierras de Salta Forestal a las empresas antes mencionadas. La postura del gobernador, Juan Manuel Urtubey, contó con el voto de la mayoría de la Cámara de Diputados.

La revocación del contrato del Estado con las empresas Eco Desarrollo y Agropecuaria se cristalizó a través del decreto 2.478/11, el cual fue publicado el 7 de junio del año pasado. En dicho documento, también se dispuso que las actuaciones sean giradas a la Fiscalía de Estado a fin de proceder con las acciones judiciales que correspondan.

Fue así como el caso llegó a manos del fiscal Barrionuevo, quien luego acusó penalmente a los ex funcionarios de Romero y a los propietarios de las empresas.

En la promoción, según pudo saberse, el fiscal tuvo en cuenta que al momento de celebrar la contratación con las empresas imputadas se tuvo como objeto principal los siguientes conceptos: “propender al desarrollo conservacionista y sustentable de la zona”, “programa la sistematización del campo teniendo en cuenta los aspectos sociales”, “programar soluciones para la distintas situaciones de los ocupantes tanto en los asentamiento poblacionales como de los puesteros”, “creación de fuentes de trabajo, salud, educación, administrativo, de biodiversidad”, “preservación de distintos organismos que habitan el predio”. Todo con el fin de lograr un aprovechamiento sustentable y que tienda a mejorar la calidad de vida de sus habitantes de una zona de más de 200 mil hectáreas.

El contrato impulsado por el ex gobernador Romero se inició a partir del decreto 1.140 del año 1998 contra otras renovaciones y adecuaciones, en el año 2006, aunque ninguno de esos pasos corrigió el hecho que las empresas beneficiadas incumplieron con el objeto principal de la concesión.

Por el contrario, ambas firmas sólo se dedicaron a la producción de soja con el agravante que para ello causaron el desmonte de más de 20 mil hectáreas, constituyéndose así en la mayor estafa promovida por Romero en perjuicio del estado provincial por varios años.

Tras la promoción de Barrionuevo, la causa se instaló en el Juzgado Penal 8, donde durmió por un año hasta el 10 de octubre pasado, cuando a instancia de los planteos de la Fiscalía el juez Diez decidió comenzar con las indagatorias.

El primero en ser citado fue Brizuela, quien primero se abstuvo de declarar, aunque luego, en una segunda audiencia, el 3 de noviembre pasado, se presentó junto a su abogado defensor, Raymundo Sosa. Dos días después lo hizo Camacho.

Posteriormente, lo hicieron Díaz y Zazarini, mientras que Aguilera, quien se desempeñaba como secretario de la Producción de Romero, lo hará hoy.

Se espera que una vez que se concluya con la indagatoria de estos ex funcionarios, el juez disponga la citación de los propietarios de las empresas que resultaron beneficiadas en lo que hasta ahora se investiga como una defraudación a la administración pública, probablemente la mayor en contra del Estado en materia de daño causado.

Cabe recordar que en la causa en cuestión, la Fiscalía de Estado está constituida como actora civil a fin de reclamar el daño causado por las empresas al no cumplir, supuestamente, con el objeto del contrato pactado con el Gobierno. La causa comenzó a tener avances en momentos en que desde el actual Gobierno se discute, casualmente, una ley que busca frenar el abuso del uso de tierras públicas.